Enfoque internacional

Venezuela, crisis, señas negativas

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Viernes 09 de abril 2021

Tomado de la Tercera de la Hora de Chile

A mediados de marzo, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entregó un nuevo balance sobre la situación en Venezuela. El panorama que describió estaba lejos de ser auspicioso. No solo expresó su preocupación por “las recientes iniciativas para imponer restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las ONGs, incluyendo la congelación de activos”, sino por los “crecientes signos de reducción del espacio cívico”. Y alertó, además, sobre las reiteradas denuncias de “ejecuciones extrajudiciales” y el “agravamiento de la situación humanitaria”.

Paralelamente, Human Rights Watch aseguró ante el mismo Consejo de Derechos Humanos que la pandemia de “covid-19 se ha vuelto una excusa conveniente para el gobierno de Nicolás Maduro para reprimir a las voces disidentes”. “La brutal represión continua con (…) desapariciones forzadas por periodos cortos, arrestos arbitrarios y torturas”, aseguró la ONG, insistiendo en la severa crisis humanitaria que enfrenta la población venezolana y en que “la presión internacional es indispensable para poner freno a los abusos, permitir que las personas accedan a la justicia y asegurar que haya elecciones libres y justas”.

Por ello, resulta especialmente preocupante que se aprobara solo días después una resolución condenando el uso de sanciones internacionales de parte de la comunidad internacional, considerando que ese tipo de acciones son hoy el principal instrumento de que disponen los países para presionar a gobiernos que violan sistemáticamente los derechos humanos, como Venezuela. Preocupa que una instancia de Naciones Unidas destinada supuestamente a favorecer la defensa de esos derechos, termine restringiendo las herramientas disponibles para presionar a ese tipo de regímenes.

El gobierno venezolano celebró ampliamente la votación del documento que entre otras cosas cuestiona el uso de sanciones o “medidas coercitivas” por sus “repercusiones negativas” en la población; llama a los países a abstenerse de recurrir a ellas, y sostiene que este tipo de acciones impiden “el pleno disfrute de los derechos humanos”. Pero Caracas obvió que no han sido las sanciones sino su propia incompetencia y su actuar autoritario el que ha vulnerado los derechos de la población venezolana, la que hoy no solo atraviesa la peor crisis económica de su historia, sino que carece de las mínimas condiciones sanitarias ante la peor pandemia en más de un siglo.

Al restringir las herramientas con que cuenta la comunidad internacional para presionar a un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos, la resolución puede terminar favoreciendo que este tipo de regímenes se eternice en el poder, con graves efectos para la población. Las repercusiones de lo que sucede en Venezuela alcanzan a la mayoría de los países sudamericanos, a causa del masivo éxodo de sus habitantes.