La semana pasada se reinició el juicio, en Londres, sobre la extradición de Assange a Estados Unidos para que responda por espionaje y divulgación de información reservada sobre acciones militares en Iraq y Afganistán y, sobre todo, del Departamento de Estado.
Assange, australiano de nacimiento, no robó la información de que se le acusa, lo hizo una analista de inteligencia estadounidense quien se la entregó. Esta analista ya fue indultada años más tarde por Obama. Assange, la divulgó a través de los medios más prestigiosos del mundo amparado en la libertad de prensa: el New York Times, Le Monde, El País, The Guardian, entre otros. En el Ecuador, EL COMERCIO, El Universo y el Telégrafo, reprodujeron información de interés para el país. Como era previsible, el impacto de este hecho fue altamente perjudicial para Washington.
Antes, Assange había sido acusado en Suecia de delitos sexuales y era requerido por ese país para que rindiera testimonio por ellos, para lo cual solicitaba su extradición del Reino Unido donde residía. Estas acusaciones fueron retiradas años más tarde. Antes de que se venciera el plazo de las medidas cautelares impuestas por la justicia británica, se refugió y solicitó asilo en la Embajada del Ecuador. Bien se sabe que esta decisión fue negociada y preparada con anticipación por el gobierno de Correa.
Craso error de nuestra diplomacia el acoger a Assange. En nada le beneficiaba y las consecuencias eran todas negativas. Fue una torpe y dañina ceguera protegerlo: no había un convenio vinculante sobre asilo entre los dos países. Eso sí, el momento en que el Ecuador lo acogió debía concederle el asilo y solicitar el salvoconducto para venir al país. No podía traicionar sus principios. Como era previsible, el gobierno británico no accedió al pedido ecuatoriano y nunca concedió el salvoconducto.
Assange permaneció seis años en la embajada rompiendo, con la anuencia de los gobiernos de Correa y Moreno, con las normas del asilo. Incumplió con la obligación de no hacer declaraciones públicas sobre el país de acogida, sobre aquel donde encuentra la embajada y sobre terceros, amigos del Ecuador. Recuérdese lo dicho sobre las elecciones en EE.UU. y las reivindicaciones catalanas en España.
A fines de 2017, el Gobierno de Moreno cometió una gravísima e ilegal artimaña: concederle a Assange la nacionalidad ecuatoriana y solicitar al Reino Unido que fuera reconocido como diplomático con sus inmunidades y privilegios. Londres se negó de plano y Ecuador pasó una vergüenza internacional sin precedentes. Ahora el ecuatoriano Assange, entiendo que su carta de naturalización no ha sido revocada, está siendo juzgado por la justicia británica para resolver si lo extradita o no. ¿Debe, como es su deber, el Estado ecuatoriano velar por los intereses de un con nacional sometido a los tribunales de otro país? ¡Inaudito!