Una concepción que puede tener antecedentes y ser de realidad presente es que quien financia o da recursos, o asignaciones o crédito, o paga remuneraciones, debe someter a quienes perciben los recursos o remuneraciones, a su voluntad y aun a sus caprichos.
Aquello parece que está en el pensamiento del presidente Correa. Lo ha dicho y repetido en múltiples ocasiones. No es ni aceptada la relación respetuosa entre quienes proveen fondos por cualquier vía lícita, no oculta ni encubierta, y quienes los reciben. La visión que se envía desde el poder, es la del vasallaje, quienes ponen “el billete” ordenan, imponen. Lo siento una aberración ética y jurídica.
Lo expresó el presidente Correa en el juicio contra El Universo. Siempre acusaba con énfasis que el artículo de Emilio Palacio debía responder a la decisión de los directivos del diario y de la empresa porque ellos le pagaban la remuneración a Palacio.
Lo viene insistiendo a nivel de la Región. Si EE.UU., Canadá y gobiernos que no son de la región y organizaciones no gubernamentales financian al sistema interamericano de derechos humanos, las decisiones que se tomen en la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos van a responder a los intereses de los financiadores.
Y no nos vayamos sólo por el lado de la ofensa a gobiernos de diversas ideologías en países y sociedades que son cooperadores del sistema interamericano y a directivos de ONG de diversas partes del mundo, y a quienes desde los espacios de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han actuado con honestidad y dignidad, que son muchos, a los que se los está tachando sin singularizar el porqué de las tachas, sino también a lo grave que es la propia visión de la solución, que de alguna forma como que ya la han implementado o están implementando varios gobiernos al interior de sus países, para supuestamente afectar la relación de poder, contra los que acusan de ser poderes fácticos, a fin de asumir sus espacios y someterlos al poder político. ¿Y cuál es esa solución?, palabras más, palabras menos: “Nosotros pongamos el financiamiento”.
La percepción de lo que sucede con actuaciones de magistrados y jueces en el Ecuador y en otros países de la Región preocupa: fallos que por coincidencia encajan con las pretensiones del entorno del poder.
La pregunta podría ser: ¿entonces el respeto a los derechos humanos deberá ser a la conveniencia de los gobernantes nuevos proveedores de los fondos del sistema interamericano? Creo que debe abrirse un debate amplio en la Región que preserve los principios y la oportunidad en el respeto a los derechos humanos, por encima de conveniencias sesgadas.
¿Será posible la racionalidad?