Una ausencia de casi dos meses me ha impedido comentar algunos hechos importantes durante este lapso. Comencemos por los positivos.
La Asamblea aprobó la adhesión del Ecuador a la Convemar, lo que nos abre las puertas para beneficiarnos de la evolución progresiva de las normas internacionales y facilitará la defensa de los derechos que, junto con Chile y Perú, proclamamos desde 1952. Se han vuelto así jurídicamente alegables la soberanía y jurisdicción sobre la zona de doscientas millas del mar, la plataforma continental e insular -que, en el caso de las Galápagos, podrá extenderse hasta 350 millas- el alta mar y los fondos marinos. Este acierto se hizo posible porque se respetó el criterio profesional de diplomáticos que, con sus conocimientos y experiencia, respondieron a las dudas que aún subsistían en algún sector de la Asamblea Nacional.
En 1975, el Ecuador suscribió un tratado con Colombia en el que se acordó que el paralelo correspondiente al punto final de la frontera terrestre sea el límite marítimo entre ambos países. El actual Gobierno ha firmado un acuerdo complementario que señala, en la desembocadura del río Mataje en el Océano Pacífico, dicho punto final de la frontera terrestre. Este es otro acierto.
Las decisiones equivocadas o discutibles, que analizaremos en las semanas próximas, son más numerosas:
Basados en la iniciativa que tuvo el presidente Alan García, México, Colombia, Perú y Chile suscribieron un acuerdo para dar nacimiento a la Alianza del Pacífico, bloque de extraordinaria importancia económica y política. El Ecuador tomó la ‘decisión soberana’ de cerrar los ojos a estas nuevas realidades y está fuera de este esquema de ‘integración profunda’.
La solicitud de asilo de Assange y su ingreso a la Embajada del Ecuador en Londres sorprendió a todos. El Ecuador habría podido evitar la compleja responsabilidad de decidir sobre el asilo si el ex Vicecanciller no hubiese declarado su disposición ‘incondicional’ para recibir a Assange y si el presidente Correa no le hubiera dado la bienvenida al ‘club de los perseguidos’.
La observancia del estado de derecho -esencia de la democracia- obliga tanto a respetar a los gobiernos libremente elegidos como a defender los derechos humanos, la separación e independencia de los poderes del Estado, la alternabilidad en el poder, los partidos políticos fuertes y organizados. Teóricamente se puede distinguir entre lo legal y lo legítimo, pero ¿quién, en la práctica, tiene la facultad de dictar sentencia al respecto?
En materia de derechos humanos, el apoyo a Siria, la arremetida contra la Comisión Interamericana y sus relatores especiales, la calurosa bienvenida a Lukashenko, censurado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, ¿perjudican o benefician al Ecuador?