La semana que cierra, algunos de los integrantes de la Comisión Anticorrupción ciudadana acudieron ante la Fiscalía para formalizar su denuncia sobre presuntas irregularidades en la contratación de la central hidroeléctrica Manduriacu. La decisión de judicializar el caso ocurre en medio de amenazas de altos funcionarios del Régimen, que descalificaron esta investigación y defendieron la legalidad de los procedimientos contractuales.
Es paradójico que por estos días se cumplen siete años de la vigencia de la Constitución de Montecristi, impulsada por un Gobierno que prometió acabar con las viejas prácticas de la corrupción, impulsando la transparencia en los actos públicos.
Sin embargo, en estos años la sociedad ha visto con estupor que algunos los casos que se denuncian quedan en la impunidad. Un botón de muestra es la compra de siete helicópteros Dhruv, cuatro de los cuales se accidentaron. Pese a las fallas detectadas no existe un pronunciamiento oficial sobre la responsabilidad de esta transacción, en la que se invirtieron USD 45,2 millones.
Incluso, acaba de hacerse público un último examen de la Contraloría, según el cual la empresa Hindustan Aeronautics Limited no entregó una serie de herramientas complementarias, lo cual generó multas y ocasionó un perjuicio de USD 2,4 millones. Aún no hay un solo responsable.
Quien venía cuestionando la inconveniencia de la adquisición, el excomandante de la FAE, Jorge Gabela, fue asesinado en diciembre de 2010.La comisión creada por el presidente Rafael Correa para esclarecer la causa del asesinato descartó que las denuncias del oficial estuvieran relacionadas con su muerte. No obstante, el perito Roberto Meza, contratado por la comisión, desechó la hipótesis de la delincuencia común.
En el actual Legislativo, el proceso está en la Comisión de Soberanía. La sensación ciudadana de que existe un vacío en la fiscalización explica el surgimiento de grupos de la sociedad civil preocupados por luchar contra la impunidad.