Una multitud de problemas azotan a nuestro país, la gran mayoría han sido identificados y diagnosticados, se han planteado soluciones para muchos de ellos, pero no ha sido posible concretarlas por falta de acuerdos entre actores sociales y gobernantes que, contagiados de populismo, temían resentir a dirigentes miopes que han bloqueado los cambios sustanciales a los esquemas perjudiciales.
El país se ahoga en varias tormentas: una apremiante e incontrolada inseguridad fruto de la liberalidad, irresponsablemente propiciada por el gobierno de la década delincuencial, que puso alfombras rojas para el ingreso del narcotráfico y dio rienda suelta a la apropiación ilícita del dinero estatal, a la instalación de bandas criminales, a la instauración de la narcopolítica y a la contaminación de la justicia y de las fuerzas del orden. El resultado espantoso ha obligado al gobierno a empeñarse en la búsqueda de urgentes soluciones, desgraciadamente la oposición irresponsable la obstaculiza desde la Asamblea.
Otra situación angustiosa es la que atraviesa el Seguro Social Ecuatoriano, cuya historia está inmersa en un camino sinuoso desde su inicio como Caja de Pensiones, el 1 de mayo de 1928. A pesar del gran entusiasmo con que fue creada, adoleció de la falta de estudios socioeconómicos y técnicos que la sustentaran. La aparente liquidez, que brindaban los ahorros previsionales de los trabajadores, con ausencia de cálculos actuariales, atrajo la voracidad de gobiernos que los utilizaron ilimitadamente, sin restituirlos nunca. La “caja chica,” del IESS, ha sido una gigantesca funda sin fondo repletada, con fines políticos, de trabajadores en un número que supera, de largo, a las funciones laborales. Han abundado actos de corrupción de funcionarios que se enriquecieron con el dinero institucional con el que llegaron, inclusive, a crear partidos políticos.
Expertos nacionales e internacionales, comisiones especializadas, la Mesa de Estudios de la Seguridad Social han disecado y evaluado la situación del IESS. El Congreso Nacional del 2001 elaboró la Ley del Seguro Social en la que se sugerían cambios estructurales progresivos de un seguro mixto, que combinaba el seguro solidario de reparto con un seguro de ahorro individual y que, respecto a la sostenibilidad del seguro de pensiones, establecía mínimos cambios progresivos de la edad de retiro mediante un ajuste paulatino, acorde a las proyecciones demográficas, con incrementos temporales insignificantes de los aportes. Estas modificaciones, que fueron objetadas por dirigentes sindicales, hubieran evitado que el IESS llegue a la situación crítica actual.
En lo referente a la salud, urge coordinar la aplicación del Sistema Nacional, que rompa definitivamente la fragmentación y multiplicidad de varios sistemas, todos incompletos e ineficientes. Hay que intercambiar servicios y cruzar costos para atender a todos los enfermos, unificar la adquisición masiva de medicamentos e insumos, para evitar la corrupción en las compras fragmentadas, a diferentes precios, por parte de cada institución. Debe priorizarse la atención primaria de salud con educación, medidas sanitarias adecuadas, vacunación oportuna y protección del medio ambiente para abaratar significativamente los altos costos de la medicina curativa con preminencia hospitalaria. Urge la creación de una comisión nacional que verifique permanentemente el estado de los equipos de diagnóstico y quirúrgicos, el justo y oportuno pago de sus mantenimientos y de su correcta utilización, como medidas de control y transparencia.
La falta de empleo es otra urgencia nacional: de 8.5 millones de personas, que constituyen la población económicamente activa, apenas 3 millones tienen empleo adecuado (un tercio de trabajadores laboran 40 horas a la semana y perciben, al menos, el salario básico). Es importante generar un pacto social que defina políticas públicas y empresariales que originen empleos productivos que favorezcan la inclusión de grupos excluidos, especialmente de los jóvenes. El empleo es la variable más importante en la economía y constituye la clave que determina el grado de bienestar de la sociedad.
El brote inusitado de una juventud entregada al sicariato y al tráfico de drogas, más una incultura generalizada, reflejan la necesidad impostergable de una evolución y ampliación generalizada en la educación.
Las urgencias nacionales exigen ser atendidas. El presidente, con firmeza, ha ejecutado acciones decisivas que se habían postergado. Los problemas han sido analizados, sus soluciones expuestas y mencionadas, pero, por falta de voluntad política, intocadas; estamos seguros de que la determinación de nuestro joven mandatario y de su gobierno actuarán, con decisión y determinación, para combatir los conflictos que atormentan al país y que no que han sido enfrentados por pusilánimes gestiones anteriores. ¡Adelante país!
