Edgar Samaniego R.
Una vez en vigencia la Ley Orgánica de Educación Superior, el personaje encargado de meter mano en la autonomía de las universidades, advirtió: “El objetivo fundamental de nuestro gobierno es robustecer a la universidad pública y colocarla en sitial de competitividad internacional”. Se inició contratando con una acreditadora privada norteamericana, un costoso curso de cinco días en Atlanta, destinado a los rectores de las universidades públicas categoría A; quienes, inteligenciados en fondo y forma, pondrían a sus instituciones en condiciones de recibir acreditación internacional. Dificultad ad portas: Se exigía que rectores y vicerrectores sean seleccionados por el Gobierno. Todos a una, los cursantes, entre quienes comparecían delegados del CEAACES, calificaron de inviable tal exigencia. La demagogia operó: “El Presidente Rafael Correa está comprometido con el proceso y resolverá el impase”. El fracaso fue rotundo.
Con el nuevo régimen, el Secretario de la Senecyt ha aceptado que la universidad pública está debilitada. Examinemos algunas causales: El famoso ente político CEAACES devaluó a casi todas las universidades públicas clase A y las puso en categoría B; tal decisión fue acremente impugnada; sin embargo, el ente inquisidor defendió su postura tanto con tecnicismos rebuscados, cuanto con el apoyo de trescientos policías. Algunas disposiciones legales provocaron desde el 2014, una estampida de docentes con sesenta y más años de edad, empaquetando en la basura una exquisita experiencia, al extremo insospechado que, en algunas instituciones el porcentaje de deserción llegó al 60 %. La terrible calamidad llevó a las universidades a la paupérrima tarea de improvisar maestros. El fortalecimiento académico, financiero y administrativo se trasladó a la universidad privada, a punto que una de ellas y con mérito suficiente, ocupa el primer lugar en el ranking ecuatoriano según la escala QS.
La autonomía responsable, fue agredida y sepultada por el ánimo de “robustecer” a la universidad pública. La intromisión fue tan penetrante hasta transgredir las minucias de los microcurrículos, modificar a gusto contenidos de los estatutos, denostar a rectores ajenos al pensamiento oficial, despedazar los organismos gremiales que fueron mañosamente sometidos; empleados de cuarta categoría daban órdenes y amenazaban a los rectores; los más, quedaron silenciados y su mutismo se guarda hasta la fecha.
Yachay se ha detenido, o quizá nunca inició camino; la farra mediática colapsó y su preocupante desnudez está asomando; Yachay debe seguir y reforzarse para ser buena , sin la jerigonza de querer transformarse en “una de las mejores del mundo”. Lastimosamente en el país siempre queda espacio para el disparate.
Augusto Barrera tiene razón, la universidad pública se ha debilitado, pero se ha propuesto recuperarla.