La Comisión de Educación del Congreso aprobó un dictamen en mayoría del controversial proyecto de ley universitaria que viene trabajando hace varios meses.
Diese la impresión de que los autores del proyecto, siendo conscientes de que han sido acusados repetidamente de intervencionistas, se han esforzado por incluir un artículo que señala expresamente que “el Estado reconoce la autonomía universitaria”. Ahora bien, se trata de un esfuerzo que podrían haberse ahorrado, pues el resto de la propuesta no hace más que contradecir el mencionado artículo. Y es que, de aprobarse el proyecto, el Gobierno tendría la posibilidad de intervenir en temas sobre los que hoy en día las universidades públicas y privadas tienen libertad de determinación. Entre sus flamantes facultades, el Estado podría decidir en última instancia sobre la organización, autoridades, presupuesto, carreras y currículos de cada institución. De la autonomía, los autores del proyecto no quieren dejar más que la cáscara. Así, el efecto de la aprobación del proyecto sería que la sociedad pasaría de tener una multiplicidad de opciones de educación universitaria pública y privada a contar con una sola opción: la que le provoque a la burocracia de turno. En vez de que cada uno pueda elegir el traje que mejor le siente, la Comisión de Educación parece querer que todos los alumnos vistan una suerte de uniforme único.
Un uniforme, por cierto, que será determinado por un grupo de iluminados burócratas que además habrán de cumplir una actividad tramitológica de proporciones titánicas. Después de todo, entre otras funciones, la superintendencia nacional de educación universitaria que crearía la ley estaría encargada de aprobar todos los planes de estudio que obligatoriamente se revisarían cada tres años en todo el país. Esto quiere decir que deberá examinar cada curso, de cada carrera, de cada facultad, de cada universidad del Perú, un estimado conservador asciende a la revisión de más 133 000 sílabos cada tres años.
Los problemas del proyecto, lamentablemente, no terminan ahí. De convertirse en ley, el poder arbitrario que tendría el Estado para intervenir en las universidades le otorgaría la facultad de acallar cualquier movimiento político que surja en ellas.
Por otro lado, tampoco se puede dejar de mencionar el fuerte sesgo antiprivado que tiene el proyecto y que se traduce en que se quiera expropiar a estas instituciones -a las que se las ha llegado a comparar con “hongos”- de su poder de gestión y organización. Un sesgo que parte de un prejuicio: que la promoción de las universidades privadas que se dio a partir de la década de 1990 impactó negativamente en la educación. Y afirmamos que es un prejuicio, pues no existe evidencia que demuestre que esto sea así. Lo que sí hay, sin embargo, son datos sobre cómo, gracias a las universidades privadas, son más los jóvenes que año a año pueden acceder a una educación superior. De 1995 al 2010, las universidades privadas aumentaron considerablemente la cobertura educativa, permitiendo que el número de jóvenes que estudian en ellas crezca en más de 300 mil y logrando albergar al día de hoy a más del 60% de la población universitaria.
El Comercio, Perú, GDA