Miguel Rivadeneira

Si tuvieran algo de dignidad

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Todas las autoridades públicas sin excepción (civiles, militares, policiales) están sujetas a la evaluación y control. La Constitución, art. 233, es clara: ningún servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones y deberán responder administrativa, civil y penalmente por el manejo de fondos, bienes o recursos públicos.

A esta norma se suma un contundente mandato superior del pueblo, expresado en la consulta del 4 de febrero pasado. Más del 63 % condenó la corrupción y dio el visto bueno al advenimiento del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para que obligatoriamente evalúe el desempeño de todas las autoridades de control, el órgano disciplinario de la administración judicial, la justicia constitucional y de acuerdo a ello pueda declarar la terminación anticipada de sus períodos. Según últimas encuestas, el 70 % está de acuerdo con las acciones que cumple este organismo, presidido por el reconocido e intachable hombre público, Julio César Trujillo.

Sin embargo, la audacia y el cinismo pueden más que la dignidad y la ética, que generalmente no se observan en la práctica política. Tanto se denostó a los partidos hasta que llegó el correísmo al poder hace once años para hacer peores cosas, controlar todo, permitir tanta corrupción y enceguecer a una parte de la ciudadanía.

Las autoridades de control le han fallado al país por su complicidad con la corrupción (un ejemplo, la actuación del contralor fugado) y se han resistido a dejar sus cargos. Si tuvieran algo de dignidad, luego del pronunciamiento popular, debieron por delicadeza dejar los cargos, pero unos han respondido con avilantez al cuestionar y desafiar las acciones del Consejo Transitorio y otros están silentes hasta que les llegue la evaluación y soñando sin vergüenza con la continuación en los cargos. El Consejo deberá seguir limpiando todo sin descanso, dentro del debido proceso y con derecho a la defensa.

Quién puede negar la metida de mano en la justicia del correísmo, cuando el mismo déspota anunció antes de la consulta popular del 2011 que iba hacer eso y cumplió. Tantas pruebas documentales y testimoniales presentadas (órdenes por escrito desde la Presidencia) que demuestran esto. Una justicia constitucional aliada del régimen, que fuera muy ágil con las órdenes del autoritario y una lentitud probada para las demandas sociales y de los críticos del poder, que han llevado años para responder y otras miles de causas pendientes. Un ente de control cómplice y encubridor del mal manejo del seguro social, que el correísmo le llevara con engaños a una grave situación. Ante tanto caso, ausencia del abogado del Estado. En fin, no pueden permanecer en sus cargos aunque quieran aferrarse.