Mucho se ha insistido acerca de las diferencias entre la actual Asamblea Legislativa y la Asamblea Constituyente. Mientras en la Asamblea de Montecristi asistimos a una operación de monolítica imposición de la voluntad política del partido de Gobierno, la actual Asamblea en cambio encuentra serias dificultades para componer la mayoría necesaria para aprobar las leyes que operacionalizan la voluntad expresada en la Constitución.
Dos consideraciones parecerían explicar esta situación. Una, aprobar las leyes que operacionalizan el ‘mandato constitucional’ significa construir la letra pequeña de la operación decisional, y es entonces cuando aparecen las diferencias que permanecían ocultas por la retórica abarcante y amplia del texto constitucional. La segunda nos remite a un nivel más profundo de la aplicación del mandato constitucional: realizar en leyes el ‘paradigma concentrador y centralizador del poder’ despierta duras resistencias en la sociedad, que se reflejan incluso en el accionar del partido de Gobierno.
Esta doble condición ha operado subterráneamente sin que los actores lo hayan advertido con claridad, y ha permitido que emerja una condición de deliberación y de expresión de diferencias en la Asamblea, que hasta hace poco nadie hubiera imaginado. Esta situación se evidencia en la discusión de la Ley de Educación Superior: el partido de Gobierno ha aprobado una ley que recoge en mucho las posturas defendidas por la oposición, la cual logra detener la deriva concentradora y centralizadora que anulaba la autonomía, principio cardinal de la educación superior.
Esta mínima señal de autonomía decisional de la Asamblea podría, sin embargo, revertirse; depende de la postura del Presidente, quien ya ha anunciado que podría vetar incluso los articulados de consenso que permitieron la aprobación de la ley, lo cual evidenciaría que el Ejecutivo se mofa de la deliberación y de la construcción consensual.
Sea cual fuere el desenlace, lo que queda claro es que tanto para la oposición como para el Gobierno nada está claro.
Para la oposición, más que construir una efectiva autonomía de la Legislatura frente al Ejecutivo y así potenciar el sentido de una democracia deliberativa, su lógica parece ser la de debilitar al Gobierno como parte de un puro cálculo electoral. Para la bancada gobiernista y para el presidente Correa, lo que se revela es su clara vocación plebiscitaria y caudillesca.
Para la sociedad queda el reto por definir su verdadera orientación política: o está dispuesta a la construcción de una democracia deliberativa o, en su defecto, se da por satisfecha con una versión reducida de democracia plebiscitaria que sancione la concentración absoluta del poder en la figura del capo carismático.