En la última Asamblea General de la OEA se pusieron de manifiesto dos posiciones antagónicas: la de los países que consideran que solo cabe modificar el actual sistema regional de derechos humanos para fortalecerlo, a fin de mejorar la protección del individuo frente a los poderes del Estado, frecuentemente mal usados, y la de los pocos miembros de la Alba que, bajo la dirección del ministro Patiño, sugirieron reformas para disminuir las facultades del sistema y debilitarlo.
Los cambios propuestos por el Ecuador se orientaron a eliminar la facultad de la Comisión Interamericana para aprobar medidas cautelares, suprimir las contribuciones voluntarias para llenar los vacíos del financiamiento oficial del sistema, especialmente de la Relatoría sobre libertad de expresión, y cambiar la sede de la Comisión. Ninguno de estos planteamientos fue aceptado. El ministro Patiño anunció entonces que el Ecuador podría retirarse del sistema. Argentina presentó una propuesta de última hora para hacer posible el consenso. Se resolvió así continuar con el proceso de reflexión sobre el mejoramiento constante del sistema, tomando en cuenta las deliberaciones de la Asamblea, así como los aportes de los Estados miembros, los órganos regionales y la sociedad civil.
La actitud ecuatoriana representó un retorno hacia la dialéctica que afectó al sistema de derechos humanos durante la Guerra Fría. Ventajosamente, la reflexión sobre la importancia universal de los derechos humanos, impidió que el canciller Patiño tuviera éxito. Significativa fue su declaración cuando dijo que siendo el sistema de derechos humanos una creación de los Estados, debe depender de éstos. Al respecto, resonaron con autoridad las palabras del delegado uruguayo que, representando a un régimen de izquierda, supo colocar la defensa de los derechos humanos por encima de conveniencias ideológicas.
El resultado de la Asamblea General de la OEA fue un triunfo para los derechos humanos. Pero hay que estar atentos ante posibles nuevos embates de quienes pretenden que la nueva doctrina política consiste en someter todo a la voluntad omnímoda de los gobiernos de turno, en lo interno y aún en lo internacional.
Es de esperar que los Estados acepten aumentar sus aportes para financiar las actividades del sistema. Si cumplieran sus compromisos en este campo, se volverían innecesarias las contribuciones extrapresupuestarias y se obtendría que todos los órganos del sistema funcionen con dinamismo y eficacia.
También cabe destacar el llamado hecho para que los estados que no se han adherido a los principales instrumentos de derechos humanos, en lo regional y mundial, lo hagan cuanto antes. Mientras esto no ocurra, su conducta merecerá ser censurada inclusive por sus ribetes de “hipocresía”.