La organización y funcionamiento de la Seguridad Social se fundamentan en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia.
Solidaridad es la ayuda entre todas las personas aseguradas, sin distinción de ninguna naturaleza, con el fin de financiar conjuntamente las prestaciones básicas del Seguro General Obligatorio. Obligatoriedad es la prohibición de acordar cualquier afectación, disminución, alteración o supresión del deber de solicitar y el derecho de recibir la protección del Seguro General Obligatorio. Universalidad es la garantía de iguales oportunidades a toda la población asegurable para acceder a las prestaciones. Equidad es la entrega de las prestaciones en proporción directa al esfuerzo de los contribuyentes, en función del bien común. Eficiencia es la mejor utilización económica de las contribuciones y demás recursos para garantizar la entrega oportuna de prestaciones suficientes a sus beneficiarios.
Subsidiariedad es el auxilio obligatorio del Estado para robustecer las actividades de aseguramiento y complementar el financiamiento de prestaciones que no pueden costearse totalmente con las aportaciones de los asegurados.
Destacan tres de estos principios: solidaridad, eficiencia y subsidiariedad, como cimientos de la Seguridad Social, puesto que establecen la necesidad del esfuerzo contributivo de los trabajadores en su etapa productiva para acumular con sus aportes un capital que deberá ser administrado eficiente y transparentemente por el Seguro, para que, cuando por vejez, incapacidad o enfermedad cesen de trabajar, tengan los recursos y la protección suficiente para sobrevivir con dignidad y con la tranquilidad y certeza que cuando fallezcan, sus hijos menores de edad, que queden en la orfandad, y las viudas recibirán una pensión que merme imperiosas necesidades. El Estado tiene la obligación de fortalecer la protección, atención en salud y más prestaciones con su contribución complementaria a los aportes de los asegurados.
El principal objetivo de la seguridad social es administrar el dinero de toda la masa laboral con honradez, eficiencia y probidad invirtiéndolo en programas rentables que incrementen el capital y mejoren las pensiones y la protección a personas que están en la imposibilidad (temporal o permanente) de obtener un ingreso, satisfaciendo sus principales necesidades (jubilados, viudas, huérfanos y discapacitados). Los réditos de una buena gestión especializada y transparente del poderoso IESS deben beneficiar a sus asegurados, no a empresarios privados dueños de administradoras de fondos, como dolorosamente ha acontecido en países amigos.
Es imprescindible que se transparenten balances y cálculos actuariales y que el Estado reconozca, se responsabilice y busque mecanismos para pagar la abultada deuda que tiene con el Seguro Social, acto responsable que evitará la búsqueda desesperada de fondos previsionales mediante resoluciones precipitadas y absurdas que originen preocupación, temor y justificada intranquilidad en los grupos laborales.