Las declaraciones de Abel Gómez solo develan cómo los dirigentes del transporte público conciben el poder de este gremio. Él dirige a
10 000 socios que tienen buses interprovinciales y el 9 de agosto dijo lo siguiente: “Yo no puedo apartarme del Gobierno de turno, porque yo represento al Estado; a través de nosotros el Estado garantiza la movilidad”.
A línea seguida indicó que los presidentes tienen que conversar permanentemente con los transportistas, y que si el actual Mandatario no lo hace se irían a las calles.
Ocho días después, Gómez y otros dirigentes llegaron a Carondelet, para hablar con el presidente Lenín Moreno.
Con el expresidente Correa era usual verlos en el Palacio de Gobierno. De hecho, en 10 años consiguieron ocho beneficios, como la exoneración de aranceles para la importación de buses, de llantas y de aceite.
Además, una compensación por el pago de media tarifa, eliminación de una revisión técnica, la instalación de más escuelas para recuperar puntos (de 26 a 62 en un año), etc.
¿Y el servicio? Simplemente no mejora y las cifras lo demuestran. El Municipio de Quito advierte que 155 conductores del transporte público han sido sancionados en los últimos 18 meses por agredir física y verbalmente a los usuarios.
La misma Agencia Nacional de Tránsito (ANT) ha recibido quejas de usuarios afectados por accidentes viales. En siete meses de este año, 200 buses han estado involucrados en siniestros ocurridos en el país.
Las muertes en las vías también han aumentado. En el primer semestre del 2016 se registraron 972 víctimas, mientras que en el mismo período de este año hubo 1 011 fallecimientos.
Hay más cifras: entre el 2014 y julio del 2016, 2 681 transportistas perdieron todos los puntos de las licencias, pero algunos continuaban conduciendo, pese a no tener los permisos.
Por ahora hay señales de querer cambiar esta situación. Por eso se creó el Pacto por la Seguridad Vial. Ojalá sus integrantes consigan algo y se frene la pérdida de más vidas.