La doctora Verónica Potes realizó una reflexión muy aguda sobre la transitoria que hoy el bloque de Alianza País discute incluir en las enmiendas constitucionales.
Según Potes, si el argumento de la Corte Constitucional y del oficialismo para justificar la reelección indefinida fue que con esta se aumentan los derechos políticos de autoridades y electores, que supuestamente la prohibición de una tercera reelección la restringe, si el Legislativo decide que esta enmienda entraría en vigencia luego de 2017, se estaría limitando los derechos de los ecuatorianos que se beneficiarían de la misma.
Evidentemente, el argumento oficialista es falaz, pues la reelección indefinida, lejos de aumentar derechos, liquida uno de los principios constitutivos de la democracia, la alternancia; sin embargo, pone a quienes lo han esgrimido ante un callejón sin salida y desnuda sus contradicciones.
Veámoslo: si la reelección del presidente Correa no era la principal motivación de esta enmienda, por qué ahora cuando a él le parece que puede afectar su credibilidad se la intenta posponer.
Siguiendo el argumento oficialista, ¿no resultaría, entonces, que el prestigio y el interés político del Presidente están por encima de los derechos de las autoridades que quisieran reelegirse por tercera ocasión consecutiva y de los ciudadanos que quisieran reelegirlos indefinidamente?
En realidad, el peso de las encuestas y de la crisis económica sobre el ánimo presidencial, que claramente le indican que este proyecto de enmiendas ha sido el más grave error político de su Gobierno, echa al traste con todo lo que el oficialismo ha venido diciendo en el último año y medio.
Ahora la reelección indefinida ya no es un derecho de todos los dignatarios electos, ya no es el mandato de proteger el derecho de los votantes a elegir a Rafael Correa las veces que deseen; ya no es el imperativo de precautelar el proyecto de la revolución ciudadana en contra de las amenazas de la restauración conservadora, sino el simple acomodo a una situación coyuntural.
Por tanto, lo que la Asamblea estaría a punto de incluir, por petición del propio presidente Correa, no sería una simple transitoria sino una disposición que afectaría los derechos, tanto de los dignatarios a reelegirse como de los electores a elegir a quienes ellos deseen.
Siendo así, tal transitoria modificaría profundamente el alcance temporal de la enmienda y, en consecuencia, debería ser consultada de nuevo a la Corte Constitucional, para que la misma proceda a dictaminar el procedimiento de su aprobación.
No es un asunto menor. Hablamos de la limitación de un derecho político durante un tiempo determinado, asunto que no se justifica tan solo por la necesidad de lavar la imagen y credibilidad del Jefe de Estado.
El correísmo se ha tragado nuevamente una espina. Más allá de que el anuncio presidencial sea o no verdadero, y no un ardid para bajar la oposición ciudadana a las enmiendas y al final él mismo quede como candidato, la propuesta de transitoria desnuda los temores del Presidente y su casta política respecto de la actual coyuntura y la bancarrota de su proyecto político.