Lo tóxico de la mora

La mora se vuelve tóxica cuando se evidencia que es una práctica, peor si es del sector público. Sus entidades tienen comportamientos diferentes cuando son acreedoras y deudoras.

Cuando son acreedoras -y la deudora no es otra entidad o unidad del sector público de mayor poder, el caso del Gobierno Central- siguen acción coactiva por los montos adeudados, más intereses de mora, con medidas cautelares y de ejecución, por ejemplo retenciones en cuentas bancarias. Un ejemplo: por una acreencia de USD 10 000 se ordena la retención a todos los bancos; si el deudor tiene cuenta en cuatro bancos, le retienen un total de USD 40 000, sobre los que luego hay que hacer trámites para desbloquearlos, con la consecuencia colateral inmediata del descrédito y de ahogo de iliquidez para el coactivado, porque mientras tanto le protestan los cheques. Si la coactiva fue improcedente, ¡qué pena!, al funcionario responsable se le podría demandar perjuicios, imposibles de cobrar.

En el caso del IESS, toda prestación médica, cuando está en mora el empleador, se la cobran por coactiva a éste, aun cuando luego pague los aportes de que fue moroso.

Las empresas de servicio público, luz, agua, etc., pueden cortar el servicio.

Cuando el sector público es el moroso, muy difícil cobrarle, de no haber “pago voluntario” y éste a veces se da por corrupción en ese claro-oscuro que se genera, o por cohecho del que quiere cobrar, muchas veces por desesperación, o por extorsión del responsable de pago, “mercado” en que “las tarifas” estarían muy elevadas, y, salvo fallos judiciales o de tribunales internacionales, imposible hacerlo con intereses.

De hecho, el mayor volumen de mora es de responsabilidad del Gobierno Central vía Cuenta Única del Tesoro Nacional. De ahí le deben a los gobiernos descentralizados autónomos, a universidades y a entidades como el IESS, Solca, Issfa, Isspol, que a su vez deben a terceros.

Una parte de lo que está en mora -la menor- está contabilizada como deuda. La mayor parte no está contabilizada como tal, porque “aún no hay luz verde” para facturar, argumentando que faltan por tramitar las verificaciones. Y esto se arrastra por años. Miles de millones de deudas en mora en una y otra parte.

El martes 14 de enero del 2020 se ha publicado que representantes de 20 centros de diálisis de la Costa demandan al Ministerio de Salud que le paguen USD 35 millones de atrasos de ocho meses, señalando que a nivel nacional son cerca de 90 centros que atienden a 14 500 pacientes, a los que se les debe más de USD 160 millones. Los últimos “abonos” habrían sido a cuenta gotas, en octubre del 2019. No asegurar diálisis a pacientes renales es condenarlos a muerte inmediata.
Este es un ejemplo, multiplicable por miles.

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