Fabián Corral

La tiranía del formulario

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Lunes 22 de octubre 2018

fcorral@elcomercio.org

El poder de la burocracia ha impuesto que el derecho de petición se encasille en formularios esquemáticos, mínimos y a veces absurdos. Se ha establecido, sin ningún fundamento constitucional ni legal, que los reclamos se ajusten a lo que los reyes de las ventanillas, o sus jefes, creen que es la norma; y de ese modo, sin protesta ni objeción, han conseguido que todo se sintetice en función de la comodidad del funcionario, o de la visión del jerarca.

No se discute la necesidad de abreviar, ni la exigencia de precisar conceptos en las peticiones, lo que puede alcanzarse sin necesidad de encerrar al ciudadano en el corralito dibujado por la página web. Si se discute, en cambio, que los derechos no pueden limitarse, condicionándolos a lo que un formulario dicta.

La “cultura del formulario” es una expresión disparatada y molesta, sin duda, pero menor frente a un tema mucho más grande y antidemocrático, que ha prosperado sin que nadie diga esta boca es mía, al punto de haber creado una suerte de “legalidad paralela”, que se ha superpuesto a la “legalidad legítima” y que ha reemplazado los derechos con un régimen de sometimiento al tumulto de acuerdos ministeriales, actos administrativos, resoluciones, regulaciones, oficios, instructivos, precedentes, etc., que atiborran y enturbian todas las actividades públicas y privadas.

Ministerios, directorios, agencias de regulación, superintendencias, etc. y un ejército de jefes, ejercen ahora “potestades legislativas delegadas” al amparo de la sublime Constitución de Montecristi, que, en forma antidemocrática y en línea con el autoritarismo que la inspira, propicia esa transferencia de atribuciones que solo deberían corresponder a la Asamblea Nacional.

La facultad legislativa es la mayor expresión del sistema republicano y representativo, en el que incluso el Presidente de la República tiene facultades reglamentarias secundarias y por las cuales no puede reformar la ley ni innovarla.

La generalización de la “legislación subalterna” conspira contra el sistema. Léase cualquier disposición que provenga de la burocracia y se verá cómo el ejercicio de los derechos es casi imposible, cómo la iniciativa está atrapada entre las infinitas regulaciones, hechas de modo tal que quien no se somete, queda fuera de juego.

Me pregunto: ¿para qué sirve la Constitución, para qué las garantías constitucionales, para qué el derecho de petición, para qué la Legislatura si sus leyes se disuelven en miles de normas burocráticas? ¿Responde al principio de división de funciones del Estado la transferencia sistemática de la potestad legislativa en beneficio de la Administración Pública? ¿Es el formulario una ley, es la página web el vocero de la soberanía? ¿Cómo me defiendo de semejante poder impersonal?