14 de September de 2010 00:00

Tierra desaprovechada

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Walter Spurrier Baquerizo

El grito de lucha de este Gobierno, causa de su popularidad, es la reducción de la brecha entre ricos y pobres. El frente social, que maneja el coeficiente Gini de arriba para abajo, argumenta que la población rural es más pobre que la urbana; que la desigualdad en la distribución de tierra es extrema.

El frente económico, poblado de Ph.D., destaca la bajísima productividad promedio de nuestros cultivos. Se han tomado dos medidas tributarias para encausar una solución al problema de la tenencia de la tierra:

- Impuesto mínimo a la renta empresarial en función de sus activos, entre otros factores;

- Impuesto a las tierras cercanas a infraestructura, vigente desde 2008. Ambos causan crédito para el Impuesto a la Renta. Por lo que para las empresas agrícolas rentables no constituyen una carga, mas sí para las tierras improductivas, lo cual incentiva al propietario a venderlas.

Causan un dolor de cabeza al SRI, ya que los contribuyentes con más tierras desaprovechadas son distintos a los grandes contribuyentes que concitan su atención. Es inevitable que vengan nuevas medidas para impulsar la redistribución de tierras, vendiéndoselas a los campesinos en cómodas condiciones, abrirles crédito y capacitarlos. Falta por determinar cómo se iniciaría el proceso. Si se quieren armonizar los objetivos sociales y económicos, se podría comenzar casa adentro; recurrir a tierras del Estado, de las cuales hay en abundancia: Consep, ex AGD hoy Banco Central, así como el IESS y otras instituciones del Estado.

Hay buenas experiencias, como la de Cedege en la cuenca baja del Guayas. Con el Proyecto América el Ecuador pasó de un déficit crónico en arroz, a tener superávit. Si el programa se percibe exitoso, agotadas las tierras estatales se procedería a expropiar tierras desaprovechadas. Si fracasa, se habría evitado errar el camino, generando la paralización de la inversión empresarial en la agricultura. Pero hay otra vía, sería la escogida por los legisladores de Alianza País, o al menos los que controlan la Comisión de Soberanía Alimentaria. El anteproyecto de ley que auspician propone prohibir la tenencia de más de 500 hectáreas, destruyendo unidades agrícolas eficientes, como ingenios azucareros, plantaciones de banano y palma. Se establecen causales de caducidad de la propiedad de la tierra, tan etéreos que parecen inspirados en la Ley de Hidrocarburos. El mero anuncio de estas intenciones ya ha dado lugar a connatos de invasión, incluso a tierras del Iniap.

¿Quiere el Gobierno mejorar la distribución de la tierra a la vez que eleva la producción, o es que el punto es ideológico: hay que ir al conflicto de clases, independientemente de sus efectos económicos? Más temprano que tarde, el Presidente tendrá que pronunciarse.

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