Juan Alcívar Rivas, corresponsal de La Hora y de la radio Nuevo Sol, en La Concordia, fue acusado oficialmente del “acto terrorista” de lanzar una bomba lacrimógena en dirección del presidente Rafael Correa, durante su visita a esa localidad el 19 de julio pasado. Esta acusación como la de atentar a la seguridad nacional, al bien público o a la estabilidad del Gobierno son argumentos políticos fundamentados en supuestas conductas gravemente castigadas; un caso similar a la periodista iraní que es acusada de ser ‘enemiga de Dios’.
A raíz de los atentados del 11-S, del 11 de marzo en Madrid y el de Londres, entre tantos otros, se incrementó una peligrosa categoría jurídica que algunos autores identifican como ‘tipos penales abiertos’ y, por ende, no precisos en cuanto a la especificación del hecho y de fácil acceso a la manipulación de la justicia por parte de gobiernos arbitrarios.
Coinciden autores y convenciones que el terrorismo es el ejercicio de una violencia ilícita e intencional contra inocentes con el ánimo de crear terror a la comunidad, o contra funcionarios legítimamente electos; por tanto, debe merecer el más cuidadoso trato fiscal y judicial, ya que de lo contrario, hasta llegar tarde al hogar puede ser atentado al orden del Estado. En consecuencia no puede ser utilizado cuando se producen enfrentamientos y protestas desorbitadas contra los gobiernos y, en definitiva, contra el poder de turno. Hay que evitar que la acusación de terrorismo sea fácil esgrimirla y que exista una dócil estructura fiscal y judicial capaz de encausarla sin guardar la elemental proporción entre los hechos y la acusación extrema. La verguenza judicial contra el Presidente de Colombia debiera ser suficiente escarnio para que no se repitan tales desatinos.
Uno de los grandes debates en el universo de la política y el derecho, después del 11-S, de lo de Madrid y lo de Londres, entre otros, es la imprecisión penal del terrorismo. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus elementos constitutivos y sus nefastos efectos, si existe intervención política?
Cuando se observa que la acusación del terrorismo empieza a ser usada por gobiernos que aunque fuertes, tienen la conciencia intranquila, temen una desestabilización con efectos punitivos ulteriores y que optan porque caigan inocentes y no se salven sospechosos, la situación es grave. Significaría que la inseguridad jurídica que predomina en la economía, las finanzas y la contratación pública se ha extendido al ámbito ciudadano. En estas circunstancias habrá que prevenir e impedir que se repita lo actuado por la jueza del caso de Emilio Palacio, cuando la magistrada rebuscó exhaustivamente el diccionario de la Real Academia , hasta encontrar la interpretación más adecuada, para que el adjetivo ‘matón‘ se pudiera convertir en una injuria calumniosa grave. En consecuencia, hay que advertir a la Función Judicial que no confunda los tipos penales y así evitar la manipulación.