Enmedio de la total solidaridad de los ecuatorianos, expresada en diferentes manifestaciones, y de la destacada ayuda que ha llegado de la comunidad internacional, no se puede aprovechar el momento del dolor por el golpe del terremoto ni para aumentar impuestos, crear nuevos tributos o incrementar la deuda externa para cubrir el enorme gasto fiscal, que tiene sumido al país en la profunda crisis económica, mucho antes del impacto por el fenómeno natural.
Bien por la inmediata reacción, pero cómo se entiende que ni siquiera se conoce en detalle una valoración completa de los daños y necesidades y se apresura a aprobar el aumento de impuestos y nuevos tributos.
El mal manejo económico se evidencia aún más cuando, en medio de la crisis, de escasez de recursos, de reducción en la recaudación de impuestos, se va a imponer más cargas a un país ya agobiado y asfixiado por las contribuciones al Fisco. Estas decisiones generan mayor incertidumbre y desconfianza en un año electoral y solo se piensa en no desgastarse más.
Hace poco, una encuestadora daba cuenta del rechazo de la mayoría de la población consultada, del sector urbano y rural, al aumento de impuestos con el argumento del terremoto. El 67% desaprueba la subida del IVA del 12 al 14%. Al contrario, un 78 % considera que el Gobierno debe disminuir sus gastos. La ciudadanía demuestra pesimismo en el futuro y considera que el manejo económico va por mal camino. Pese a la solidaridad expresada con los afectados por el terremoto, a la mayoría de la gente le preocupa la crisis económica, luego el sismo y sus consecuencias y posteriormente la inseguridad. Al 49% le inquietan el aumento del desempleo, el endeudamiento, la pobreza, los impuestos, el alto costo de la vida.
Todo ha sido discursos e insultos a los que fundamentan las críticas en busca de rectificación de rumbos. Cómo se puede reconstruir el país y generar empleo sin el restablecimiento de la confianza, que se perdió hace un año con el anuncio del aumento de los impuestos a las herencias y plusvalía, que en parte generó la sacada de recursos del sistema bancario que, según la Asociación de Bancos, fue de más de 3 000 millones.
En estas condiciones de crisis, un sector del correísmo pretende que se realice un referendo para echar abajo una transitoria de las últimas enmiendas constitucionales, con el aval de la Corte Constitucional, que responde con agilidad los pedidos del oficialismo y demora mucho las demandas de las organizaciones sociales y ciudadanas como aquellas contra las reformas laborales y enmiendas constitucionales. Además del costo millonario de este evento, que sería una burla al país gastar en estas condiciones de crisis, cómo se puede hacer cuando la Constitución, art. 117, expresamente prohíbe realizar reformas legales en materia electoral el año anterior a la celebración de elecciones, si llegamos a febrero del 2017.