Revolución y autoritarismo comparten una misma raíz teológica. En ambas matrices, las transformaciones se conciben como un poder descendente: el bien procede de la divinidad y la realización de la promesa política se consigue proyectándose al trono del poder, en el cual se encuentra la vanguardia esclarecida. La transformación desde arriba, no reconoce otra racionalidad sino la que deriva del eje decisional, de aquel que instrumenta el ‘mandato popular’. Esta lógica ahoga la posibilidad de fortalecer a los poderes que provienen de la base social. En esta caracterización del cambio, se sacrifica el concepto de diferenciación y de autonomía decisional: solamente el líder, en cuanto depositario del mandato, puede decidir en última instancia; a él se somete no solo el conjunto de la administración pública, sino todos los poderes del Estado, e incluso la sociedad, la cual debe ser neutralizada y sometida al poder central.
La eliminación del principio de autonomía para ámbitos del sistema social, como es el sistema académico o las organizaciones de la sociedad civil, anula posibilidad de imaginar y proponer opciones alternativas al modelo gobernante. Del pertinente control sobre estándares de calidad en la formación académica, se apunta a incidir sobre los contenidos formativos, definiendo perfiles curriculares que según la visión oficial, corresponden al ‘interés común’, cosificado en un Plan Nacional de Desarrollo indiscutible e inderogable. El papel del sistema de educación, de ciencia y tecnología, que es justamente el de vislumbrar opciones alternativas, es eliminado; la sociedad pierde así su capacidad de orientación estratégica, en un mundo que es cada vez más complejo.
Igual en el caso de las organizaciones de la sociedad civil. Se impugna su función de vigilancia y control del proceso decisional, así como de elaboración de opciones y de propuestas de política, que solamente pueden surgir de aquellos espacios que se rigen por visiones no comprometidas con la exclusiva acumulación de poder. La sociedad civil es generadora de valores que cuestionan las lógicas del poder, y ello es de particular importancia justamente para limitar y transparentar su ejercicio. La generación de horizontes de realización se ve como un proceso cerrado, expresado ya en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo.
La construcción de sentido de la teología revolucionaria parte del supuesto de que la base social está ya en el poder, sufre una especie de espejismo decisional; esta es concebida exclusivamente como dato electoral y, a partir de allí, como beneficiaria de servicios públicos. Lo que pudo haber dicho la base social, está ya en la Constitución que es su mandato, el líder y su movimiento están obligados a instrumentarla.