En el 2008 esta columna afirmó que la Constitución aprobada en Montecristi “liquidaba las posibilidades de que Ecuador avance en la negociación de acuerdos de integración comercial con el resto del mundo y especialmente con el mundo desarrollado”.
Lo afirmé en vista de que la vigésima primera Constitución ecuatoriana establecía un modelo de desarrollo “hacia adentro”, en un marco de proteccionismo económico que privilegiaba a las industrias “ecuatorianas” por encima de las industrias “competitivas” y a la producción “local” por encima de la producción de “calidad”. También ampliaba las facultades del Estado para manipular los precios de mercado y las transacciones comerciales y financieras, tanto locales como internacionales, a la vez que le otorga un dominio exclusivo sobre una variedad de industrias denominadas “estratégicas”.
Tales definiciones, al mismo tiempo que cerraban los mercados ecuatorianos y reducían su atractivo frente a potenciales socios comerciales, tornaban virtualmente imposible acomodar a la legislación nacional los requerimientos de apertura que plantean los acuerdos de “libre comercio”.
De ahí que la parálisis en que se encuentran los procesos de “negociación” con Estados Unidos y Europa -o de “acuerdos para el desarrollo” como prefiere denominar el Gobierno- no debería sorprender a nadie. La Constitución de Montecristi refleja la visión de los principales líderes de la Revolución Ciudadana, quienes creen en un desarrollo “soberano” al margen de las fuerzas de la globalización y bajo una férrea planificación estatal. Cualquier compromiso internacional que no sea consistente con esa visión -y ningún acuerdo de libre comercio lo es- constituye en una amenaza a la estructura política y económica que ellos han venido construyendo desde el 2008.
No sólo los acuerdos con el Primer Mundo plantean tal dilema. Una eventual negociación con el Mercosur enfrentaría problemas similares e incluso algunos acuerdos actualmente vigentes -como los de la CAN- podrían terminar siendo revocados, tal como han sugerido funcionarios gubernamentales en más de una ocasión.
La “telenovela” que ha vivido el Ecuador en las últimas semanas, en torno a declaraciones contradictorias sobre las atropelladas “negociaciones” con la Unión Europea, apenas reflejan las diferencias de criterio que existen entre unos pocos funcionarios moderados y algunos de los más radicales ideólogos detrás de la Revolución Ciudadana y la Constitución de Montecristi, incluido el Presidente de la República.
Para frustración del primer grupo de funcionarios y de aquellos ciudadanos que aspiramos a que Ecuador enfrente abiertamente las oportunidades y amenazas que plantean los tratados de libre comercio, son los del segundo grupo los que definirán el futuro de las relaciones comerciales del país.