El reciente proceso electoral ha concluido, arrojando resultados sorprendentes e inéditos, con una diferencia notable entre los votos de los dos candidatos que superó las previsiones de las encuestas preelectorales.
El país se encuentra nuevamente inmerso en una atmósfera de expectativa y esperanza ante el inicio del segundo mandato del presidente Noboa. El éxito de este nuevo período se medirá por los beneficios concretos que se alcancen para la nación.
La reelección del Presidente de la República debe analizarse en su justa dimensión. La primera vuelta reveló una marcada polarización de la sociedad ecuatoriana en dos corrientes antagónicas: una liderada por el expresidente Correa y otra que lo considera la principal causa de los problemas del país. La contundente victoria en la segunda vuelta demuestra una clara voluntad del electorado en contra del correísmo, reflejada en el significativo aumento de votos a favor del presidente Noboa.
Esta es la tercera derrota consecutiva del correísmo frente a candidatos de la derecha. Para comprender este fenómeno, es necesario considerar la influencia de una tendencia global que promueve la economía de mercado y estrategias neoliberales. Esta corriente ha encontrado eco en Ecuador a través de hitos como la tesis de Fukuyama sobre el fin de las ideologías, el Consenso de Washington con sus pilares de apertura, liberalización y desregulación económica, y un nuevo orden comercial internacional que se inclina más hacia el proteccionismo del siglo XIX que al multilateralismo de décadas pasadas, alcanzando una expresión significativa con el inicio del segundo mandato del Presidente Trump. Esta tendencia ha superado los intentos de reinvención de las izquierdas frente a las nuevas dinámicas mundiales impuestas por la globalización, tarea en la que no han tenido éxito.
En este contexto, si bien el correísmo mantiene una presencia considerable en el panorama nacional, conservando el apoyo de casi la mitad del electorado, el creciente temor a su retorno, alimentado por los escándalos de corrupción que se les imputan, explica el notable incremento de votos a favor del presidente en funciones entre la primera y la segunda vuelta.
Es importante señalar que las campañas se vieron empañadas por errores de ambos candidatos, con consecuencias dispares. Por un lado, los errores de la oposición provocaron un vuelco inmediato en la intención de voto, intensificando el rechazo no solo a la candidatura de Luisa González, sino también al movimiento correísta en su conjunto. Por otro lado, los errores del oficialismo fueron percibidos con bastante tolerancia por la ciudadanía y sutilmente encubiertos por los organismos de control, lo que evitó una disminución significativa de sus votos.
En consecuencia, el peso sobre los hombros del presidente reelecto es considerable. En adelante, será difícil contar con la misma indulgencia ante posibles errores, ya que la población, liberada del temor al retorno del correísmo, espera resultados tangibles y no solo promesas. Además, la compleja situación del país exige un estilo de gobierno proactivo y propositivo, en contraste con el enfoque reactivo que caracterizó a su primer período.
La crisis económica, la persistente corrupción, el narcotráfico y el aumento de la inseguridad no podrán ser abordados sin un proyecto nacional claro, viable y con respaldo social, capaz de generar una dinámica diferente en la sociedad, que actualmente se caracteriza por la anomia y el desinterés en participar activamente en el destino del país.
La nación espera un liderazgo que cumpla con los mandatos constitucionales y trabaje para mejorar las condiciones de vida de una gran parte de la población sumida en la pobreza. Se requiere la conformación de un equipo de gobierno con conocimiento profundo de la realidad nacional y un firme compromiso social. Esto implica identificar correctamente los problemas desde sus raíces. La gestión de los recursos no debe recaer en los más vulnerables; la igualdad ante la ley debe ser una realidad. El Estado debe ser fortalecido –no sobredimensionado– ya que su rol es insustituible por el sector privado, cuyos ámbitos de acción responden a lógicas diferentes. Paralelamente, el sector privado debe ser impulsado mediante el cumplimiento de la ley y políticas que fomenten un crecimiento económico que genere empleo en condiciones justas. El país entra en una nueva y delicada etapa. Su rescate es una tarea de todos, no solo del gobierno. Por lo tanto, la participación social es fundamental, tanto para supervisar las acciones gubernamentales como para ofrecer apoyo a través de la identificación propositiva de las mejores estrategias para superar la crisis multidimensional. Tenemos una tarea conjunta.
