Abelardo Pachano

Tarea dura

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Viernes 19 de octubre 2018

El país entra en la etapa de definición de los principales lineamientos de política económica para el año que viene. Sin duda, la proforma presupuestaria lleva la carga mayor de las precisiones sobre la forma y el fondo de su contenido, sin que por ello sea el único instrumento al cual se lo debe mirar, pues habrá necesidad de vigilar lo que puede ocurrir en la balanza de pagos, en los indicadores monetarios, estrechamente vinculados tanto con la realidad fiscal como con el potencial flujo de capitales, para finalmente poder inferir el comportamiento esperado que podría reflejarse en las actividades productivas y de servicios con sus consecuente correlación con el mercado del empleo. Ojalá algo concreto se vea en las negociaciones económicas internacionales, pues esa es la vía de creación de oportunidades de producción.

No parece ser motivo de preocupación el comportamiento de los precios internos; pero, si el deterioro de la competitividad nacional producida por decisiones nacionales de encarecimiento de costos bajo un sistema cambiario inflexible, así como la derivada de la existencia de un dólar que se ha revaluado en un poco menos del 7% en los últimos tiempos y, que de seguir la aplicación del programa de normalización de tasa de interés en los Estados Unidos, mantendrá esa tendencia, lo cual complica el panorama productivo, en especial de las actividades dedicadas a la exportación.

Pues bien, en resumen, más allá de los avances reconocidos de la gestión económica, los desafíos inmediatos, es decir del 2019, lucen de alta complejidad en razón de la acumulación de más obligaciones fiscales que fueron mañosamente desechadas en la gestión anterior, como el pago del 40% de las pensiones jubilares y el saldo todavía no liquidado de las jubilaciones de servidores públicos, que en conjunto representan un poco más del 2% del PIB. A lo que se añade un nivel de reservas internacionales del BCE que no ofrece ningún margen de maniobra y más bien lleva hacia el endurecimiento del ajuste de la demanda interna.

Con esa perspectiva, el plan de austeridad pública tiene en sus entrañas una dimensión notable. Ya no cabe sólo la corrección del gasto de inversión, pues dado el nivel al que ha llegado no sólo que sería insuficiente, sino que obliga a concentrarse en el gasto corriente, que hasta la fecha ha sido indomable. Y, dado, que no se ve la posibilidad de mejorar los ingresos permanentes, ahora si el peso camina por la reestructuración activa, inmediata y relevante de toda la organización pública.

Gobierno y Asamblea tienen la palabra. Tarea dura e ingrata, pero inevitable si ambos poderes pueden dar una nueva muestra de coordinación política, que ha sido en buena medida la actitud vista a lo largo de este gobierno.

apachano@elcomercio.org