En la Asamblea Nacional, día a día salen a la luz nuevas denuncias y acusaciones entre una parte de sus miembros, no todos, por cierto, de supuestas graves irregularidades y presuntos cobros de diezmos, dinero y gestión de cargos. Corrupción rampante y violaciones a la Constitución y a la Ley de la Función Legislativa. Consecuentemente, con qué cara pueden fiscalizar y paralelamente hacerse los indiferentes u oponerse a propuestas, que ni siquiera conocen oficialmente, que urgen para afrontar las angustias de una gran parte de la población por el desempleo, crisis económica e inseguridad.
Así como hay organizaciones políticas y bloques que no se inmutan ante estos hechos, no todo es malo. Hay partidos que se auto depuran (ID) con denuncias públicas e incluso la presentación de acciones ante la Fiscalía para que se les investigue penalmente y que, si se comprueban los hechos, la justicia en el debido proceso y con derecho a la defensa castigue a estos malos representantes populares.
Una autoridad de la Legislatura, expulsada del partido naranja, salpicada de corrupción y con prepotencia ha seguido actuando y votando junto a la máxima autoridad, como si nada hubiera sucedido. Incluso, con su voto se aprobó el proceso que pretendía sancionar al presidente de la Comisión de Fiscalización, que ha venido contribuyendo activamente en la lucha contra la corrupción. ¡Qué ironía en la Asamblea!
Otro legislador señalado por la misma organización por supuesta concusión y cobro de dinero en tan poco tiempo de ejercicio de la función y cuyo caso también ha sido presentado ante la Fiscalía. Estos hechos concretos evidencian lo que sucede en la Legislatura y que deterioran aún más su imagen, aunque su titular defiende ardorosamente y confronta al Ejecutivo, en lugar de luchar internamente para limpiar y poner la casa en orden.
Un bloque que se opone a todo, entrenado para la sumisión y la obediencia, que le gustaría que vuelva el caos de octubre 19, que añora el poder que disfrutara y que no se ruboriza al defender al censurado y destituido Defensor del Pueblo, al igual que miembros del dividido movimiento indígena. No les importó que se deteriorara aún más su imagen ante el país. Tampoco se puede entender que se junten alrededor de quien incumpliera sus funciones, llamado a defender los DD.HH. y que fuera acusado de algo grave: usar violencia contra una mujer, evidenciado por videos para registro histórico, y de un presunto abuso sexual; por ello está en la cárcel. Y pensar que hubo mujeres de esos sectores que estuvieron de ese lado en lugar de cuestionar y rechazar por dignidad este hecho reprochable. Pasar por alto a quien desde la prisión quería seguir tomando decisiones resulta una vergüenza y confirma una actuación sin observar los valores morales y éticos, que no los tienen.