Correa afirmó que hay fundaciones privadas que viven “solo de plata del Estado”. Indicó sobre Solca: “Hemos dado casi USD 600 millones en estos años para que nos hagan escándalos con la complicidad de cierta prensa. Si les está costando tanto ser samaritanos con plata ajena, no nos vamos a prestar a juegos y a politiquerías”. Dijo también: “Mándenos sus instalaciones y nosotros atendemos a los ciudadanos y con esa plata que hemos dado verán como los podremos atender igual o de mejor manera”.
Pocas demandas de la sociedad ha sido tan sentidas como el reclamo de Solca para que el Gobierno le pague los montos que le adeuda. Y pocas medidas del régimen han sido más impopulares que el tratar de desprestigiar a los directivos de esa institución. Por eso vale le pena reflexionar sobre esta pregunta: ¿Debe el Estado destinar recursos públicos a instituciones privadas?
Es importante, en primer lugar, distinguir que una cosa es la tendencia “privatizadora” del neoliberalismo que desmantela el Estado y le quita sus atribuciones y competencias para entregarlas a los monopolios privados; otra es la necesidad de que el Estado promueva el desarrollo de las instituciones de la sociedad y las apoye cuando cumplen una finalidad pública.
Solca fue creada como institución privada pero con destino de servicio público. Por ello, recibe un porcentaje del rendimiento de un impuesto. Es decir que los contribuyentes apoyan por ese medio una actividad necesaria que Solca cumple de manera eficiente y económica. No se trata de un regalo de plata pública, ni menos de una donación de Correa, que dice: “Les hemos dado 600 millones”, “Nos cuesta 32 millones”, como si los pagara de su peculio.
Los fondos que el Estado recauda deben ser destinados para financiar el sector público. No pueden ser usados para iniciativas privadas que tratan de suplantar a lo público. Esto es verdad. Pero cuando la realidad así lo demanda, el Fisco no solo puede sino debe apoyar el trabajo de instancias que cumplen una función humanitaria. Eso no es neoliberalismo sino respeto a la sociedad y racionalidad en el gasto.
Alguien podría replicarme que debería ser partidario del robustecimiento del Estado y la ampliación de lo público. Desde luego que lo soy. Por eso creo en un Estado fuerte que amplíe la propiedad pública y comunitaria, que regule la economía e incluso intervenga en ella. Pero también creo que la organización de la sociedad debe ser promovida y respetada. Una cosa es robustecer lo público y otra destruir a la sociedad. Lo primero lo promueven los demócratas. Lo otro lo imponen los fascistas.
Que Correa deje de dar explicaciones que nadie cree y reconozca que esta vez metió la pata a costa de vida de pacientes en extremo riesgo. El capricho es el peor consejero. Paguen a Solca.