Juan Esteban Guarderas

El siniestro caso Nívea Vélez

El fondo está mucho más cerca de lo que imaginamos. La vida nacional ya es un basurero. Cuesta decirlo, y hay que enfrentarlo. Para los que quieran oponerse a esta visión fatalista, puedo demostrar fácticamente mi aseveración.
Hay un criterio que demuestra la descomposición final de las instituciones públicas. Este punto infernal llega cuando estas - las instituciones que hemos ideado para permitir la vida en común - sirven para proteger a los criminales y condenar a los justos. Esto pasó en el terrorífico caso de Nívea Vélez.

Pequeño paréntesis, esta mujer es un ícono en la lucha anticorrupción de este país, Vélez fue quien denunció la corrupción del correísta Ramiro González en el IESS.

Chumado, no se me ocurre otra palabra para describir el juicio en que la condenaron por supuestamente haber pedido diezmos. No hubo absolutamente ninguna prueba concluyente de irregularidades. Por el contrario, todo corroboró la inocencia de Vélez. La perito contable que examinó las cuentas bancarias certificó que no hay depósitos irregulares ni en sus cuentas ni en las de sus familiares o colaboradores. Dieciséis testigos, ex colaboradores, señalaron que jamás Vélez les requirió dinero. Se reconoció por una perito - ¡y en la misma sentencia! - que Vélez ha sido víctima de violencia política. ¿Así o más ridículo?

En el correísmo se les condenó a los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, por atentar contra el honor de - redoble de tambores - quien acaba de pagar 14 millones de fianza en Estados Unidos, ¡Carlos Pólit! Yo ya voy acumulando dos amenazas de muerte. ¿Esa es la tónica aplicable a quienes luchan contra la corrupción? Glas libre, Bucaram libre, Yunda candidatizándose, el pueblo luchando malamente por sobrevivir, y las instituciones aplastando a quienes se arriesgan por la anticorrupción.

¿Cuánto más fondo quieren? ¿Cuánto más fondo es posible? ¿En qué momento se declara que somos ya un estado fallido?

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