En vísperas de la Navidad, los adolescentes y los niños siguen esperando políticas que vayan más allá de los preceptos constitucionales y legales. Son indudables los avances, el mejoramiento de ciertos indicadores de atención y la ayuda material que se les ha entregado, pero persisten grandes distorsiones estructurales en la etapa formativa y quizás la más importante: un sistema educativo que maltrata física y sicológicamente.
Entre los hechos positivos aumentó la cobertura del control prenatal; se redujo la mortalidad neonatal precoz y la desnutrición global; ha avanzado el modelo de inclusión educativa y de manera especial de quienes tienen alguna discapacidad. Sin embargo, subsisten problemas estructurales que son señalados desde los diferentes sectores y reconocidos oficialmente. El Consejo de la Niñez y Adolescencia trabaja una agenda de igualdad, pero admite que persiste un sistema educativo maltratador y una cadena de violencia que parte de la actuación de profesores, que aún mantienen un esquema caduco, y de padres de familia despreocupados de sus hijos. Por ello se reclama la capacitación de los maestros, no solo en temas de asignaturas sino en la etapa formativa de niñas, niños y adolescentes y en el tratamiento de problemas fundamentales de actualidad cuando cada vez más se reduce la edad en la que acceden al licor, las drogas y se producen violaciones y embarazos de adolescentes. Cómo puede vivir con tranquilidad una sociedad cuando se reconoce en fuentes oficiales que el 80 % de maltrato a niñas, niños y adolescentes se da en el sector educativo.
Los adolescentes admiten los avances logrados, los derechos que tienen pero también las responsabilidades. Empero, demuestran hartazgo y molestia por la reiteración de sus obligaciones en lugar de trabajar con amor en la búsqueda de la seguridad de la familia, institución que también está en peligro en medio de un proceso de transición que no termina y de desinstitucionalización democrática.
Desde la sociedad civil y los organismos de la niñez y adolescencia se ha trabajado bastante pero subsiste una deuda pendiente en materia de protección. La violencia supera y el Estado debiera trabajar más en materia de prevención. Más esfuerzos dedica a los efectos y no a las causas. A esto se suma el craso error de tratar de reducir la edad de 18 a 16 años para incluirles en la responsabilidad penal. El Estado ha fracasado en este tema. En los denominados centros de rehabilitación o recuperación encuentran más violencia, abusos, extorsiones e incluso violaciones, con lo cual qué se puede esperar a futuro. Que esta Navidad sirva a todos para reflexionar y trabajar para reducir la violencia, escuchar y entender más a niñas, niños y adolescentes, que no tendrán futuro sino hay un presente diferente.