Señor Lasso: no lo haga

Un sector de la opinión pública sostiene que desarmar la institucionalidad establecida por la Constitución de Montecristi es fácil: bastaría -dicen- convocar a una consulta popular para poner en vigencia la Constitución de 1998.

Quienes defienden y promueven esta iniciativa asumen que la mayoría, “el soberano”, el constituyente, está investido de todos los poderes para hacer y deshacer sin límite alguno; la idea de Rousseau de que “la voz de la mayoría siempre obliga a todos los demás”. Así, la mayoría podría decidir todo tema de interés común, reduciendo la democracia a su aspecto más básico: un medio para tomar decisiones, algo exclusivamente procedimental, en la que la suma de votos, sin restricción alguna, es suficiente.

Muchos de los que abogan por esta solución tienen una perspectiva utilitaria, sería la vía más rápida, y consideran que legítima, para recuperar -sostienen- los valores democráticos y las instituciones que desaparecieron con la Constitución del 2008, “…que no sólo trastocó la estructura del Estado, sino que nos dejó sin civilización, nos despojó de civilidad, rompiendo una tradición constitucional que se remonta a 1830”, como sostuvo uno de los colegas columnistas de EL COMERCIO, Simón Espinosa, citando a su vez una columna de Mauricio Gándara, publicada en El Universo. Claramente esta propuesta es inviable desde lo jurídico e inconveniente desde lo político.

La Constitución vigente, con todas sus imperfecciones y errores, tiene una triple confirmación: el proceso constituyente se aprobó por medio de una consulta popular (un origen dudoso al ser un medio no previsto en la Constitución de 1998), los constituyentes fueron elegidos por votación popular y actuaron validados por la consulta, con todas las limitaciones, imposiciones y desventajas de una mayoría que prestó poca, o ninguna, atención a las minorías; el texto se debatió (en realidad no todo) y finalmente fue aprobado en un referendo aprobatorio.

El texto vigente establece claramente cómo se aprueba una nueva Constitución: se requiere de otra asamblea constituyente, convocada por medio de consulta popular, solicitada por el presidente de la República, las dos terceras partes de la Asamblea Nacional o por el doce por ciento de las personas inscritas en el padrón electoral, y para que entre en vigor el nuevo texto constitucional, requiere de aprobación, vía referéndum, de la mitad más uno de los votos válidos.

Seguir la vía sugerida para reemplazar la Constitución es inconveniente, colocaría al presidente de la República en riesgo de destitución por parte de la Asamblea, al “arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente”. Además, de lograr apoyo para vulnerar toda la legalidad vigente, se abriría -de nuevo – la puerta para que, con un cambio en la correlación de fuerzas, quien venga se sienta legitimado para usar la misma vía para lograr sus objetivos, sin respetarmarco normativo alguno, usando la lógica del soberano y de las mayorías para sus objetivos. No todo medio es aceptable en nombre de un fin que consideramos legítimo.