El sistema de seguros existe desde hace miles de años; dicen que cuatro mil años antes de Cristo, las caravanas que cruzaban Babilonia tenían ya una forma de seguros porque había mercaderes que asumían el riesgo de pérdidas, cuando las caravanas eran víctimas de piratas. Los marinos griegos conocían también el recurso de compartir los riesgos cuando tenían que arrojar parte de la carga para salvar el navío y sus ocupantes. Las pérdidas eran asumidas por todos, aunque no se hubiera arrojado su carga.
El primer contrato de seguro marítimo o “póliza” se encuentra en el archivo notarial de Génova y data de 1347. El contrato aseguraba a un buque llamado “Santa Clara” que hacía la ruta entre Génova y Mallorca. La primera empresa aseguradora la inició en Londres un médico, Nicholas Barbon, porque deseaba proteger las precarias viviendas después del incendio de 1666, que se inició en casa del panadero del rey y no terminó hasta que había consumido 12.300 casas y 87 iglesias.
Desde entonces se han creado empresas para asegurar bienes y personas contra incendios, naufragios, robos, inundaciones y terremotos. Cuatro mil años después de los seguros a las caravanas de babilonia y cuatrocientos años después de la primera empresa aseguradora, un ministro de Estado en Ecuador, descubre que los seguros son un disparate.
El descubrimiento lo hizo, casi por casualidad; después del terremoto que destruyó la unidad educativa del milenio en Pedernales y tras averiguar que no estaba asegurado como manda la ley, hizo cuentas y descubrió que, al incumplir la ley, había hecho un ahorro inesperado, gracias a una pequeña “dosis de inteligencia financiera”. La demostración es aritmética. Dice el ministro que si se cuantificara en 2.000 millones la infraestructura educativa del país, por la póliza que cuesta el 2 por ciento anual, se debería pagar 40 millones de dólares al año. En 30 años el Estado pagaría 1.200 millones. Si se produjera un terremoto a los 30 años y destruyera el 20 por ciento del patrimonio, los daños costarían 400 millones y el Estado perdería 800 millones.
El cálculo de un experto en seguros es diferente. El costo de la póliza es del 2 por mil, el costo anual, 4 millones, y en los 30 años hasta que se produzca el terremoto el costo sumaría 120 millones. Si se destruyera el 20%, los daños sumarían 400 millones y el pago realizado, 120 millones. El beneficio para el Estado sería de 280 millones de dólares.
Los manabitas que creían en la conveniencia de asegurar sus bienes, como los babilonios, han reportado las pérdidas a las empresas aseguradoras. El número de reclamos se acerca a los 25 000 y, hasta la fecha, las aseguradoras han entregado 80 millones de dólares.
Los reclamos corresponden a seguros de vida, accidentes, vehículos, viviendas, industrias. Cuando se haya pagado todos los seguros, la cifra puede superar los 300 millones.