El 2016 termina y el Gobierno comenzó a disparar una serie de cifras para evaluar su tarea en torno al orden público. Un par de ejemplos: el año cerrará con una tasa de homicidios de 5 por 100 000 habitantes (el 2015 terminó con 6,5).
Además, los policías se atribuyen el decomiso de más de 100 toneladas de droga en el año. Es más, dicen que es una cifra histórica.
Las estadísticas frías están bien, pero también hay una realidad que viven los barrios.
La madrugada de ayer, un hombre fue asesinado en Samanes 2, Al norte de Guayaquil. El lunes, otra persona fue acribillada con 13 tiros en la barriada del Jocay, en Manta. Tres días antes, hombres armados que llegaron al sector de La Fragata terminaron con la vida de un motociclista en el Puerto Principal. Y el 18 de noviembre, este Diario publicaba que en apenas 24 horas hubo cinco crímenes en esa ciudad.
En octubre pasado, el Gobierno también habló de una reducción de muertes violentas de mujeres. “Pasamos de tener una tasa de 4 casos por cada 100 000 habitantes a 2”, dijo el entonces ministro José Serrano.
Pero los casos alarman. El 29 de noviembre, un barrio guayaquileño amaneció estremecido porque un hombre mató a su esposa y a sus cuatro hijos. Y cuatro días antes, la Cedhu publicaba un comunicado por el Día contra la violencia a la mujer y decía que de enero a noviembre hubo 80 femicidios.
Igual de complicada es la situación de las drogas. Este año estalló el uso de la H, un narcótico que se elabora con heroína, residuos de cemento, veneno para ratas y hasta un anestésico que es suministrado al ganado.
Pero los microtraficantes fueron más allá y estos químicos lo combinaron con metanfetaminas. Otras bandas, en cambio, crearon el triki, principito y varias más, que no son más que la mezcla de químicos. Hasta ahora, las víctimas son los alumnos de secundaria.
Entonces, no basta con hablar de macrocifras. Es esencial ver lo que hay detrás de cada asesinato o detrás de cada joven afectado por los microtraficantes de las drogas.