El control de la liquidez

Aunque el proyecto de Código Monetario y Financiero, después de haber sido aprobado por la Asamblea, tenga todavía que ir al Ejecutivo para su análisis y sanción final, se prevé que no existan mayores cambios. Sin embargo, uno de los aspectos que causa preocupación, a más de los que ya se han manifestado a través de los medios de comunicación, tiene que ver con el control de la liquidez.

Da la impresión que el abultado gasto público del Gobierno, el cual ha crecido de manera sostenida en los últimos años hasta llegar actualmente al 44,4% del PIB, está generando problemas de liquidez y desfinanciamiento del sector público. En el 2013, el Presupuesto General del Estado tuvo un déficit de –USD 5 059,7 millones, cifra que en el año 2014 será superior a los seis mil millones de dólares.

Para mi forma de ver, esta necesidad de recursos y de liquidez ha hecho que el actual Gobierno ensaye una serie de medidas adicionales y extremas para contar con mayores recursos. Me refiero, por ejemplo, a la operación de crédito con Goldman Sachs poniendo como garantía las reservas de oro del Banco Central del Ecuador, a la emisión de bonos por USD 2 000 millones y al incremento de deuda interna y externa. Un elemento dentro de esta serie de acciones representa el Código Monetario y Financiero.

Al establecer en este Código que “las actividades financieras son un servicio de orden público de potestad del Estado” y dotar a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera de amplias facultades, no solo que se ha abierto la puerta para una cuasi estatización del sistema financiero privado del Ecuador, sino que de manera indirecta se quiere tomar control de la liquidez del sistema.

¿Qué quiero decir con ello? Que el hecho de que ahora esta Junta tenga una serie de atribuciones, entre ellas definir la proporción de la liquidez doméstica, la composición de la liquidez total, el coeficiente de liquidez, las transferencias al exterior, las reservas de liquidez, entre otros (art. 116 del Código) dota al sector público de instrumentos que si son mal usados podrían traer consecuencias nefastas a la economía del Ecuador.

Preocupa, por ejemplo, que el Fondo de Liquidez, que mantiene el sector financiero en el Banco Central del Ecuador (el cual a mayo del 2014 llegó a USD 2 039 millones) pueda ser utilizado, por disposición de esta Junta, para financiar el déficit fiscal por la vía de la compra de bonos del Estado o como garantía para operaciones de redescuento.

La preocupación es mayor cuando en este Código esta Junta no se hace responsable de sus decisiones sino sobre los administradores y accionistas de los bancos privados.

En conclusión, el proyecto de Código Monetario y Financiero, en lugar de fortalecer el sistema, genera distorsiones por la excesiva intervención del Estado en actividades que no le competen.

Sebastián Mantilla Baca / smantilla@elcomercio.org​

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