El presidente de la República, Lenín Moreno, acaba de presentar ante la Asamblea su informe anual.
Aunque este espacio es utilizado generalmente por los presidentes para echarse flores y sobre dimensionar las acciones de gobierno, el Presidente ha sido mesurado al presentar todo lo que ha hecho hasta el momento. Si tomamos en cuenta cómo recibió el país de manos del ex presidente Rafael Correa, la situación del Ecuador está relativamente mejor de lo que podría estar en realidad.
Moreno recibió un Estado en soletas y devastado por la corrupción. Sobre endeudado. Con una burocracia gigantesca y un serio déficit fiscal. Instituciones debilitadas y poderes del Estado tomados por el Ejecutivo. Una sociedad dividida, desorientada, coartada en sus libertades y, en un gran número, trastocada en sus valores morales. Por ello, el mérito de Moreno en estos dos primeros años ha sido neutralizar al correismo. Si al inicio de su gobierno Correa y sus acólitos dominaban la escena política nacional, hoy en día han sido desplazados de las principales instancias del Estado: Fiscalía, Contraloría, Concejo Nacional Electoral, Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura, superintendencias y Asamblea. No así de las cortes de justicia que siguen en manos del correismo.
Buena parte de estos cambios fueron posibles con la consulta popular impulsada por Moreno y al papel destacado de Julio César Trujillo y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Sin embargo, queda pendiente el futuro de este quinto poder: o se lo elimina o limita sus funciones en cuanto a la designación de las autoridades de control.
El Acuerdo Nacional, iniciativa coordinada por el vicepresidente de la República, puede ahora cumplir un rol fundamental para lograr consensos y plantear soluciones en algunos campos: fortalecimiento de la democracia y reforma institucional, lucha contra la corrupción, inseguridad ciudadana, inmigración irregular, acceso a los servicios de salud y educación, vivienda popular, cuidado del medio ambiente y, en especial, reactivación de la economía y generación de empleo.
En lo económico, una nueva reforma tributaria y laboral está a la vista. Los empresarios se oponen a una posible alza del IVA y los trabajadores a una flexibilización del trabajo que vulnere derechos adquiridos. Todos exigen cambios pero sin sacrificios.
Es necesario que todos estemos dispuestos a dialogar, proponer alternativas e incluso a ceder en función de los altos intereses del país.
En estas circunstancias, las decisiones que se tomen en materia económica deberían ir más allá de las preocupaciones puntuales que tienen siempre ciertos sectores y las urgencias del gobierno de cubrir la brecha fiscal. Al iniciar su tercer año, el Presidente no puede quedarse con soluciones parche. Debería trabajar para apuntalar un gran acuerdo que en lo económico, político y social que se sostenga en el tiempo.