El pasado fin de semana, viajaba con mi hija de 14 años, Michaela, hacia la ciudad mexicana de Acapulco para asistir a la misa del Domingo de Pascua. En el camino, ocho soldados en uniforme de fajina y con armas automáticas nos detuvieron, nos acosaron y amenazaron.
Al principio apenas me preocupé. Después de todo, viajábamos con el laureado activista Abel Barrera -galardonado en 2010 con el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy – y su equipo legal, que incluye a varios de los más brillantes juristas de México. Nuestros abogados citaron cuatro artículos de la Constitución que había violado el teniente de infantería que comandaba el retén.
Tras establecer que pertenecíamos a una organización internacional de derechos humanos, el teniente reclamó con malicia inspeccionar nuestras pertenencias en busca de drogas. “Yo soy la autoridad y tengo el poder”, dijo en tono amenazante. Entonces el corazón me dio un vuelco.
Un día antes, había escuchado el sobrecogedor relato del valiente mexicano José Rubio, cuyo hermano, Bonfilio, fue asesinado por militares en un retén carretero ilegal no muy diferente al nuestro. Al igual que decenas de miles de hombres y mujeres de La Montaña -la región más pobre del estado más pobre, el sureño Guerrero-, Bonfilio había dejado su comunidad en busca de empleo como en Estados Unidos.
40 minutos después de haber abordado el autobús, el 20 de junio de 2009, este fue detenido por soldados de infantería que buscaban drogas. No las hallaron. Cuando el conductor del vehículo los enfrentó por haberlo obligado a una inspección sin fundamento, se enfurecieron.Cuando el autobús retomó la marcha, los soldados abrieron fuego , matando a Bonfilio, que se había dormido en el asiento trasero.El conductor volvió a detenerse. Y los militares, al ver el cadáver, decidieron hacer otra inspección. Esta vez dijeron haber “descubierto” cinco bloques de marihuana debajo de los asientos de los pasajeros, pero no dieron razón para no haber detectado esos paquetes en la primera revisión.
En los últimos 3 años, José Rubio ha soportado acoso y visitas a su casa a medianoche de soldados vestidos de civil. Le ofrecieron sobornos y lo amenazaron de muerte. Lo mismo hicieron con su familia y amigos. Todo para conseguir que este hombre retirara la denuncia contra el ejército por la muerte de su hermano.Esto les pasa a quienes intentan en La Montaña que se respeten los derechos humanos.Debido a su coraje fuera de serie, Rubio logró algo extraordinario: el caso de la muerte de su hermano es el primero en el que un tribunal federal dictamina que una violación a los derechos humanos cometida por militares debe procesarse en la justicia penal ordinaria y no en el fuero especial castrense.