La política salarial es uno de los factores fundamentales del desarrollo económico y social, porque las decisiones que se tomen al respecto afectan a la vida diaria de los ecuatorianos. En épocas inflacionarias se la sacrificaba como variable de ajuste y por eso el nivel de salarios siempre fue bajo, aparentando una competitividad basada en los salarios mínimos que se fijaban en detrimento del bienestar de la mayoría de los trabajadores.
Cuando lo que se paga al factor trabajo es muy poco, el nivel de precios de una economía es tan bajo que no se puede emprender en servicios básicos de buena calidad, sin que hayan subsidios no siempre sostenibles en el tiempo. Por ejemplo, el nivel mínimo de ingreso disponible de los trabajadores ecuatorianos que apenas sobrepasa los USD 3 700 anuales no permite que haya un servicio de transporte urbano cómodo, limpio y digno, pues con 25 centavos es impo-sible pretender que mejore. Si se suben los salarios el nivel de precios de la economía se eleva también y se viabiliza el finan-ciamiento para obras grandes, a fin de no vivir siempre a base de subsidios populistas que propenden al caudillismo.
De otro lado, la productividad ecuatoriana no es alta porque los procesos de modernización se han estancado debido a la falta de nuevas inversiones. Entonces tenemos una producción débil especialmente en las empresas medianas y pequeñas, las que no pueden soportar una subida sustancial de los salarios si siguen haciendo pocos productos de tecnología sencilla en donde el valor agregado nacional es escaso. Solo si se mejora la calidad y se aumenta la escala de la producción ecuatoriana será posible alcanzar salarios remunerativos que impliquen un progreso masivo de la población trabajadora. Por estas causas se está dando el hecho de que el Estado está pagando mejores salarios que la empresa privada, lo cual no está mal.
Entonces cabe una transacción que equilibre esta situación mediante una subida de salarios que soporte la economía ecuatoria-na y que mejore la condición de vida de los trabajadores, siempre que el Gobierno baje la inflación en el año 2012.
La subida deberá mejorar la distribución del ingreso y tener en cuenta tanto la inflación de precios del año que termina como del próximo, que están alrededor del 6%, por lo cual una decisión justa debería estar en un rango del 12 al 15%.
De esta manera, habría un mejoramiento neto de la condición de los asalariados que si puede soportar la empresa privada que está ganando utilidades buenas en estos años, cuando ha vendido casi todo de lo que se produce o se importa.
Este rango no implica decisiones populistas irresponsables en un año electoral y da seriedad a una política salarial justa, que a la vez ensanche la demanda efectiva del Ecuador.