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El ropaje no basta

Si algo quedó claro en la crisis última es que la comunidad internacional está totalmente resuelta a defender ciertas formas democráticas y a ejercer acciones coordinadas para impedir su quebrantamiento. Ante la denuncia de un inminente golpe de Estado formulada por la Cancillería ecuatoriana, las naciones del Continente y la OEA se movilizaron sin titubeos para ejercer presiones que impidieran un posible derrocamiento del Gobierno ecuatoriano. En una medida sin precedentes, el Perú cerró su frontera hasta que el poder del Presidente ecuatoriano luciera incontestado; la OEA y varios gobiernos de Europa, respaldaron con firmeza al Régimen. Al final, el Gobierno Nacional movilizó ágil y eficazmente a la comunidad internacional bajo esa denuncia y el control riguroso de los flujos informativos.

A medida que hemos ido conociendo los hechos se han despejado las dudas sobre las verdaderas intenciones políticas de la rebelión policial; jamás existió una operación para deponer al Presidente y reemplazarlo, es decir, para dar un golpe de Estado. En consecuencia, la comunidad internacional se dejó utilizar para respaldar políticamente al Régimen y, de paso, sofocar un malestar interno desbordante. Los circuitos internacionales conformados por embajadas, cancillerías y gobiernos funcionaron eficientemente pero alarmaron al continente de forma inadecuada y perjudicaron la imagen del Ecuador.

Los organismos y naciones deberían construir mecanismos apropiados para proteger los sistemas democráticos y no simplemente sus formas y ornamentos que pueden ocultan dictaduras y tiranías. Esto impediría que muchos dictadores que realizan elecciones -Venezuela es el paradigma- pero que no están dispuestos a compartir el poder, no sean percibidos como democracias sino como lo que son, infames dictaduras.

Por ello, es necesario revisar el concepto de rompimiento del orden legítimo y rebasar la idea del simple derrocamiento de un gobierno elegido. Cuando en el 2007, el ministro Gustavo Larrea, su amigo el Comandante de Policía y los vocales del TSE destituyeron a los legisladores y los desalojaron del Congreso, el Ecuador sufrió un golpe de Estado y el rompimiento del orden democrático. La OEA y las naciones amigas guardaron absoluto silencio y evidenciaron su concepto sesgado sobre el orden constitucional que debe imperar en los países.

La crisis ecuatoriana puso a prueba el funcionamiento los mecanismos internacionales de defensa de la democracia y eso resulta esperanzador. Las naciones no pueden olvidar, sin embargo, que el verdadero objetivo de estos mecanismos es la protección de los pueblos y sus libertades y no el poder de sus gobernantes.

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