Daniela Salazar

El rol de la Procuraduría

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Miércoles 01 de agosto 2018


El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social- transitorio ha designado a Íñigo Salvador Crespo como Procurador General del Estado. El momento es propicio para reflexionar sobre el rol de la Procuraduría General del Estado.

La Constitución le asigna al Procurador General la representación judicial del Estado, así como el patrocinio del Estado y de sus instituciones. El Procurador funge también de asesor legal y absuelve con carácter vinculante ciertas consultas jurídicas que formulan organismos y entidades públicos. Entre sus delicadas funciones está la de controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban tales organismos y entidades públicos.

Quienes litigamos a nivel interno e internacional en los últimos años nos enfrentamos a una Procuraduría cuyos argumentos jurídicos en ocasiones eran francamente impresentables. A pesar de la excelente formación jurídica de muchos abogados en Procuraduría, era claro que tenían la instrucción de defender incluso lo indefendible. También a pesar de esa excelente formación, la Procuraduría prefirió invertir millones en la contratación externa de servicios jurídicos, malgastando el dinero del pueblo en causas cuyo litigio pudo ser asumido por sus funcionarios. Como si esto no fuera suficiente, la Procuraduría se mostró reacia a celebrar acuerdos amistosos en casos en los que la responsabilidad internacional era clara, bajo el argumento de que si admitía su responsabilidad no podría ejercer el derecho de repetición. Es decir, prefirió que el Estado sea sometido a condenas millonarias bajo la esperanza de una muy eventual o ilusoria repetición, antes que evitarnos tal condena. Lo más grave: la Procuraduría perdió de vista que su función no era asesorar a un gobierno, sino al Estado. Si procurador es quien actúa en nombre de otro, entonces la Procuraduría General del Estado actúa en nombre del Estado, no de un gobierno.

Históricamente, desde 1928, se le encomendó a esta institución patrocinar los casos de interés nacional “en defensa del patrimonio público”. La manera en que la Procuraduría utilizó el patrimonio del pueblo en los últimos años, no es fiel a este mandato. Desde su creación hace 90 años se avanzó mucho para ratificar su autonomía como condición esencial para patrocinar, asesorar y sobre todo para controlar los actos y contratos suscritos por el sector público. No obstante, en la última década la autonomía de este organismo jurídico de control respecto del Ejecutivo quedó en entredicho.

Confío en que con el nombramiento del nuevo Procurador se recupere la esencia del mandato de esta institución y se permita a sus funcionarios ejercer su rol de asesores del Estado, sirviendo al interés público y no al gobierno de turno. Éxito al nuevo Procurador en su trascendental función.