Geovanny Tipanluisa

El riesgo de ser juez en la frontera norte

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Miércoles 23 de mayo 2018

La situación de los jueces de frontera simplemente asusta. Siempre han manejado casos vinculados con el crimen organizado, pero desde el coche bomba activado en el cuartel policial de San Lorenzo (27/01/2018), los magistrados han tenido que enfrentarse a exguerrilleros de las FARC y el riesgo se elevó.

Han sido amenazados y atemorizados. Les han advertido con asesinarlos. Les obligaron a vivir con escoltas todo el tiempo. Han tenido que aislarse de sus familias, dormir en hoteles o en casa de amigos. Hacen todo para despistar y es imposible vivir así.

Por eso exigen que se habiliten cuanto antes las oficinas especializadas en crimen organizado, que están montadas en Quito.

Este servicio tiene todo para recibir los juicios abiertos en la frontera y que están relacionados con narcotráfico, terrorismo, tráfico de químicos para la cocaína, etc. Pero no pueden operar por un lío jurídico.

El caso ingresó a la Corte Constitucional y sus jueces deberán pronunciarse para que funcionen estas oficinas.

Nadie sabe cuánto tiempo tomará una resolución. Lo cierto es que la decena de casos abiertos por el ataque en El Pan, en Alto Tambo, por la muerte de cuatro marinos en Mataje o por el atentado contra la torre eléctrica de Viche seguirán en los juzgados de la fronteriza provincia de Esmeraldas.

El 22 de abril pasado, en estas mismas páginas, el presidente del Tribunal Supremo de España, Carlos Lesmes, decía que es fundamental que los juicios de la frontera pasen a la capital. La idea es proteger la integridad de los magistrados y evitar presiones sobre ellos.

En San Lorenzo, todos saben dónde viven los jueces, a qué hora llegan y salen, dónde estudian los hijos, dónde reciben atención médica, cuándo viajan al odontólogo, etc.

Sí. Todo se sabe y los criminales tienen colaboradores encargados de obtener los datos. Hay que evitar a toda costa que sean atacados.

Quizá se podría tomar y mejorar los ejemplos de España, Costa Rica o Colombia, que tienen instancias diferentes para tratar juicios contra las mafias.