El tema de la recolección de firmas y del penoso papel del CNE no solo avergüenzan la conciencia democrática, sino que resultan, ética y políticamente, inadmisibles. Una vez más, a la luz del estatismo reinante, hay que preguntarse quién vigila a los vigilantes… Y aún más, a la luz de las más elementales exigencias de la ética, hay que interrogarse sobre las posibles intenciones que se esconden detrás de este escándalo. ¿Se trata de algo planificado o es, simplemente, el fruto normal de nuestras inconsistencias, de nuestros demonios atávicos?
Si algo queda claro, en primera instancia, es la manipulación de los datos y la falta de transparencia. En este terrible devenir de los escándalos políticos, en el que un nuevo escándalo tapa al anterior y vuelve a todos irrelevantes, pasamos rapidito de la duda al interrogante: ¿quizá se pretende excluir a los partidos de oposición? ¿O, quizá, lo que se quiere es, postergar las elecciones?
Es evidente que tanto el CNE cuanto las organizaciones políticas han actuado con enorme irresponsabilidad, algo capaz de avergonzarnos tanto como la historia de la narcovalija… El CNE debe de garantizar ( como dice la Constitución) el régimen de partidos y su libre y responsable participación en las contiendas electorales. Es su deber frente a la ciudadanía. La posible pillería de partidos y movimientos no le exime de su responsabilidad. No basta con reconocer que la base de datos tiene vacíos o inconsistencias. Son tan responsables los que compran firmas como los que las validan. Había que avisar enseguida al Tribunal Contencioso Electoral y, enseguida, a la sociedad civil de semejante escándalo.. De tal desaguisado, ¿quién asume responsabilidades?
Lo preocupante es, nuevamente, el desprestigio político, la desconfianza y la constatación de que seguimos sin institucionalidad sólida. Se ha roto es el principio de legalidad, algo fundamental para el Estado de Derecho. Bien haría el régimen en considerar el enorme daño que le hace al país este tipo de escándalos . El manoseo de la justicia, la ausencia de una real fiscalización, la debilidad de la oposición y la fragilidad de la Asamblea, que apenas da razón de sí misma, ponen en grave peligro la solidez del tejido democrático.
Lamentablemente, a la luz de lo sucedido (del fraude cometido) habría que preguntarse qué nos espera a la hora de escrutar los votos . Al respecto sería bueno saber qué dice el Tribunal Contencioso Electoral y conocer qué auditoría se va a hacer al sistema informático (sus debilidades, errores y manipulaciones) y cuáles van a ser las garantías técnicas, de capacitación y control democrático que aseguren en las elecciones la debida transparencia.
No es que quiera llevar el agua a mi molino, pero como Obispo y ciudadano no puedo dejar de decirlo: si alguna revolución necesita nuestro pueblo y nuestra clase política, con inmensa urgencia, es la revolución ética que nos permita, en medio de las vicisitudes de la vida, crecer como ciudadanos y no perder la dignidad.