La Constitución de la Revolución Ciudadana está llena de errores y vacíos, lo han señalado sus numerosos críticos. Sus autores buscaron más lo novedoso que lo probadamente útil y correcto. Una de las instituciones creadas, dizque para propiciar mejores niveles de gobernabilidad, es la revocatoria del mandato y su secuela: la ‘muerte cruzada’.
Desde cuando se inició la ‘etapa democrática’ en América Latina, a fines de la década de los setenta, la clase política quiso terminar para siempre con los gobiernos de facto -tan frecuentes en el pasado- y se comprometió a vivir en democracia, respetando los períodos constitucionales de las autoridades electas.
Naturalmente, para que tal principio funcione, un Presidente elegido debe tener el suficiente buen juicio para no tensar las relaciones políticas hasta el punto de poner en riesgo su propia estabilidad. La caída de Bucaram, Mahuad y Gutiérrez se debió, en gran medida, a sus propios actos, así como a la aplicación equivocada del principio de que el pueblo, que ejerce el derecho de elegir, puede también deponer a quienes lo representan.
La Constitución del 2008, en lugar de propiciar la educación del pueblo para vivir en democracia, de conformidad con la ley y las instituciones republicanas, eliminó los límites impuestos por la filosofía política y el buen juicio al principio de la soberanía popular. Legalizó la expulsión de un Presidente sin permitirle terminar su mandato y extendió tan cuestionable sistema a todos los funcionarios elegidos.
¿Dónde quedan los afanes de progreso, desarrollo y bien común, que necesitan de un proceso de construcción de instituciones y de fortalecimiento de costumbres y procedimientos democráticos?
Nos encontramos ahora con una iniciativa de revocatoria del mandato presidencial, que Correa ha recibido con la sonrisa irónica de quien sabe que, con los recursos de que puede disponer, volvería a ganar en las urnas. Se han presentado, además, pedidos de revocatoria del mandato de alcaldes y otras autoridades. Los ingentes costos económicos y de tiempo que demandaría la aplicación de este sistema serán largamente superados por sus efectos negativos en la conciencia cívica del pueblo.
En una auténtica democracia, la independencia y el equilibrio de poderes garantizan el control eficiente de las arbitrariedades posibles. Como último recurso, un Jefe de Estado puede ser destituido por causas específicas establecidas en la Constitución y la ley, después de un proceso debidamente regulado.
La revocatoria del mandato por pronunciamiento popular puede equivaler, en la práctica, a una caja de Pandora, como ha resultado ser la ‘ciudadanía universal’, lucubración académica tardíamente rectificada por el Gobierno en vista de los graves daños que ya ha producido a nuestro país.