La función pública constituye el ámbito que califica la calidad moral o inmoral, patriótica o antipatriótica, responsable o irresponsable, capaz o incapaz de quienes se involucran en esas actividades. Han existido funcionarios correctos, preclaros, que, al concluir sus funciones, demostraron orgullosos y satisfechos la dignidad y la prestancia que caracterizaron a su labor; pero no han faltado aquellos que han impreso huellas indeseables de deshonestidad y corrupción.
El municipio de Quito se ha preciado de haber sido dirigido por excelentes alcaldes: Carlos Andrade Marín, Jaime Del Castillo, Rodrigo Paz Delgado, Paco Moncayo Gallegos, Roque Sevilla; desgraciadamente también han sido alcaldes otros individuos carentes de los méritos que deben caracterizar al primer representante de la Capital. Estos malos funcionarios no han tenido la capacidad suficiente para comprender que los votos que recibieron, para alcanzar esa honrosa designación, les obligaba a trabajar principal y exclusivamente por el bien de la ciudad. Cuan equivocados aquellos que triunfaron con un exiguo respaldo y se dedicaron a labores políticas de sustentación de su cuestionado partido, en una incesante búsqueda de anulación de condenas a sus compañeros deshonestos, sin importarles, en absoluto, la obligación que esa dignidad les exigía: resolver los acuciantes problemas en que está sumida la ciudad.
Se presentaron, soberbios y sin justificación alguna, como refundadores de la historia nacional y de las estructuras tradicionales, y ejecutaron actos ridículos, sin trascendencia, ni validez cívica, como renegar de la indiscutible conquista española y demostrarlo mediante la alteración del himno de la ciudad y el cambio inconsulto del escudo de Quito por otro modificado, que carece de la brillantez y de la originalidad del legítimo símbolo capitalino.
Hubo alcaldes de esa línea política, cuya característica es el dolo, que fueron retirados de la gestión municipal, al haberla ensuciado con actos de corrupción.
En la actualidad, el principal representante del ayuntamiento quiteño está inmerso en varios cuestionamientos que exigen ser aclarados para salvar su reputación, que está en duda, mientras se mantengan las glosas que ha establecido la Contraloría General de la Nación en su contra; o no defina, de una vez por todas, si va a respetar los terrenos de los parqueaderos del Hotel Quito, o los va a negociar.
En gestiones municipales anteriores, se reubicó a los vendedores ambulantes, de tal manera que el centro histórico de la ciudad lucía a plenitud, sin la congestión que ahora lo oculta y dificulta la movilización de ciudadanos y de turistas. Preocupa la incapacidad manifiesta de los funcionarios actuales para solventar esta molestosa situación. Además, tensan el ambiente las explicaciones que exigen varios concejales que objetan la compra dudosa de trole buses y la falta de contratos de mantenimiento de los trenes del metro.
Su criticado accionar no tuvo ningún reparo en efectuar un descarado proselitismo político a favor de la candidata de su partido a la presidencia y, pese a que fue sancionado por este motivo, no dudó en ocupar todo el tiempo que quitaba a sus obligaciones municipales, para respaldar nuevamente a la insistente candidata.
La descuidada acción, se agrava por la falta de mantenimiento de la ciudad y los abundantes baches y oquedades en las calles que, a más de producir averías serias en los vehículos públicos y privados, ocasionan con frecuencia accidentes de tránsito, al tratar de evitar caer en ellos. La disconformidad campea en el medio. El abuso y la falta de respeto de la autoridad municipal a la ciudadanía y de la ciudadanía a la autoridad municipal, son hechos reales y perjudiciales para la colectividad, que ha planteado la revocatoria al mandato del burgomaestre. Se están recogiendo firmas de respaldo. Estimado lector ¿está usted de acuerdo?
