La demanda de revocatoria del mandato al Presidente de la República, así como a alcaldes electos en las elecciones de 2009, activa el mecanismo institucional central del modelo de democracia plebiscitaria, inaugurado con la Constitución de Montecristi. En sustitución del largo y trabajoso camino de la interpelación y de la rendición de cuentas sobre la gestión de las autoridades electas, se opta por el atajo de la revocatoria del mandato; en lugar de la tradicional democracia deliberativa, se acude a la democracia directa. La revocatoria del mandato aparece cuando se agotan los expedientes democráticos de la fiscalización y de la rectificación de las decisiones, y pone en evidencia el fracaso de la deliberación como mecanismo de construcción decisional.
Los elementos de democracia plebiscitaria que introdujo Montecristi partían del supuesto de que el modelo de democracia deliberativa no era viable en el Ecuador. Las características de la sociedad ecuatoriana, su pluralismo social compuesto de diversidades regionales, culturales, étnicas, impedirían la consolidación de las instituciones políticas; una diversidad que se traduce en conflictos crónicos que impiden la ‘gobernabilidad’. Esta lectura de la realidad está en la base de la recurrente búsqueda de liderazgos fuertes, de presidencialismos reforzados, de mandatos inapelables. La revocatoria es congruente con la idea de mandato no asumido u obedecido por el gobernante; la construcción decisional es simplificada al máximo, no se la asume como una elaboración compleja que supone acuerdos, que construye políticas que solamente pueden surgir de la discusión que esclarece y depura el proceso decisional.
Lo que pone en claro la recurrencia de la demanda de revocatorias es que el pluralismo social aún no logra traducirse en un sistema político que construya las decisiones sobre la base de la deliberación de posturas diferenciadas. Esta imposibilidad se demostró ya con la crisis de la política de la representación y de los partidos. La incapacidad de estos por generar una integración plural en el sistema político fue la antesala de lo que hoy estamos viviendo: la entronización de un líder de mano fuerte, sustentado en un aparato funcional a sus exigencias y requerimientos.
Si algo ha caracterizado a la política ecuatoriana en toda su vida republicana ha sido la tendencia a que el poder decisional recaiga en el Congreso (ahora Asamblea), seguramente como natural expresión del pluralismo de la sociedad, una tendencia que nunca ha cuajado efectivamente, y frente a la cual siempre han emergido líderes personalistas y autoritarios. Asumir esta realidad de fondo implica construir un sistema político donde esa diversidad se exprese y evitar los atajos de la democracia plebiscitaria.