El triunfo de Guillermo Lasso trajo una corriente de tranquilidad y optimismo. Una señal económica alentadora llegó desde los mercados externos: la caída en 345 puntos del riesgo país. El
Ecuador pasa por una situación grave. Los desafíos son inmensos.
El Presidente electo ofreció vacunar a 9 millones de ciudadanos en los primeros 100 días de su gobierno. Será su primer reto. La reactivación económica exige el control de la pandemia. El segundo reto es crear dos millones de empleos en los próximos cuatro años. El nuevo mandatario confía en la apertura a los mercados externos, la inversión nacional y extranjera y la reforma de la rígida legislación laboral para incentivar la contratación. El tercer reto es el de su oferta de subir el salario básico a USD 500. ¿Cómo hacerlo en plena crisis económica? ¿Será posible si, al mismo tiempo, ha ofrecido eliminar algunos impuestos?
Poco habló en la campaña electoral de una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento, la de la seguridad social.
La crítica situación a la que llegó el IESS tras la década perdida pone en serio peligro a millones de ecuatorianos. A la consabida utilización de los dineros de los afiliados para resolver los apuros de la caja fiscal, se agregaron, para el acelerado aumento de la deuda, las inversiones en proyectos públicos y las moras patronales por los empleados estatales. El régimen anterior echó mano de otros recursos para armar la bomba destructiva: suspendió el 40% del aporte obligatorio del Estado a las pensiones. En abril de 2015, la mayoría oficialista de la Asamblea aprobó esa eliminación, entre los artículos de la “Ley de Justicia Laboral”, con lo cual propinó un golpe mortal para desfinanciar el fondo de pensiones.
Hasta agosto de 2016 el balance del IESS registró USD 2 506 millones como deuda por cobrar al gobierno; pero al mes siguiente, en acto de prestidigitación macondiana, transformó
ese valor a cero.
Convertido el IESS en botín político, aumentó de forma desmesurada su burocracia. Los males no se han resuelto. La seguridad social exige una reforma integral que asegure las prestaciones a sus afiliados.
Enfrentar la crisis de la salud, reactivar la economía, frenar el avance de la delincuencia y extirpar la rampante corrupción, generar empleo, luchar contra la creciente pobreza, atender de forma preferencial a los grupos en condición de miseria, dar una repuesta al deterioro de la educación y, sobre todo, a la abismal desigualdad e injusticia social … Todo lo anterior es esencial.
Pero es evidente que resolverlo no depende solo del Gobierno, sino que pasa por un gran acuerdo nacional, un compromiso de largo alcance entre partidos y movimientos políticos, cámaras empresariales y gremios de trabajadores, confederaciones indígenas y los diversos grupos sociales. Este es el mayor reto.