“Estamos hecho pedazos” dijo al canal RTU, el señor Édison Malisa, padre de uno de los estudiantes expulsados del Colegio Montúfar. “Jamás hubo una prueba”, “A mi hijo lo están estigmatizando”, “le están aislando de la sociedad”, “se están deshaciendo de mi hijo”…“Yo como padre no estoy dispuesto a permitir que se desacredite el nombre de mi hijo”; “él no está creyendo en la justicia”; “está a dos meses de graduarse…no saben el inmenso daño que le han causado”; “cómo vamos a pedir disculpas, si los afectados somos nosotros”.
La violencia no solo es tomar una piedra y lanzarla a la Policía. La violencia es también maltratar de voz, humillar, expulsar del colegio y destrozar la vida a alguien. La una es violencia de una protesta descontrolada, o desviada por infiltrados, con la finalidad de desprestigiarla (nunca fueron juzgados los encapuchados que lanzaban las piedras). La otra es la violencia institucionalizada del Estado contra un joven de origen popular.
Toda violencia es condenable, venga de donde viniere. La violencia de la sociedad generalmente es reprimida por el Estado. La violencia del Estado, muchas veces, es legitimada por el poder y ocultada por la impunidad.
La violencia del Estado autoritario y populista contra la protesta social y estudiantil responde a la lógica de domesticación y control de la sociedad. Primero cayó, herido de muerte, el dirigente estudiantil del Colegio Mejía, Édison Cosíos. Luego fueron amedrentados con el Código Penal, con amenazadas de ser juzgados por sabotaje y terrorismo, y con expulsiones, los estudiantes del Central Técnico y del Mejía. Hoy les tocó el turno a los del Montúfar. El resultado en 9 años de la revolución ciudadana, un movimiento estudiantil casi silente, pero siempre al borde de la explosión.
Pero el andamiaje de terror se resquebraja. El reiterado manejo prepotente del conflicto estudiantil deja sin piso político a un Ministerio, que sin legitimidad, en estos días, recién se acuerda que existe la sociedad civil y la convoca a acciones de corresponsabilidad por la educación. Su problema es que no le creen ni siguen, en medio de una “revolución” que hace aguas, por la crisis económica.
Mientras se deteriora la palabra de un ministro que intenta humillar a los dirigentes del Montúfar conminándoles a pedir perdón, por contraste, crece la voz de un joven de 17 años, la del presidente del Consejo Estudiantil, Gonzalo Criollo, quien le contesta desde la paz y el diálogo: “Este es un llamado para comprender que nuestra mejor arma son los lápices, este es un llamado para que el Ministerio de Educación reaccione ante sus falencias. Este es un llamado, señor Ministro, para comprender que la resolución de conflictos no es la directa e irresponsable sanción”.
Que los sancionados retornen a su colegio, pide el pueblo.