José Ayala Lasso

Restablecer la justicia

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Sábado 04 de enero 2020

Cuando los seres humanos se organizan para vivir en comunidad crean el Estado y le atribuyen tres poderes: uno para hacer las leyes, otro para velar por su respeto y otro para impartir justicia. El ejercicio de este último implica un juicio de valor sobre la conducta de las personas. Su deber es dar vida real a la ley y decidir en derecho.

El gran poeta Paul Claudel decía que la peor forma del infierno es juzgar y condenar a los semejantes, recordando la máxima bíblica “No juzguéis si no queréis ser juzgados”. Pero el Estado no tiene que ocuparse de la moral personal que, con frecuencia, deja de ver la viga en el ojo propio mientras condena la paja en el ajeno, sino de la necesidad de preservar la vigencia de la ley a fin de asegurar la paz y el orden.

Dicho de otra manera, la violación de la ley debe ser debidamente castigada, tanto para responder a la conducta delictiva como para demostrar, con hechos, que el Estado se encarga eficientemente de garantizar la armonía social. Si así no fuera, correspondería a cada ciudadano protegerse y, en consecuencia, castigar a quien hubiere afectado sus derechos, lo que llevaría a una interpretación individual de la ley, es decir al caos y la violencia.

El ciudadano debe tener confianza en la justicia, pero corresponde a ésta ganarla mediante una conducta que no tenga otra finalidad que el cumplimiento estricto de la norma del derecho. Por eso se la pinta con los ojos vendados. Nada debe inclinar su balanza, ni siquiera el consejo que Don Quijote diera a Sancho al decirle: “Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia”. No. El Estado debe ser recto, inflexible, severo, y los jueces que tienen en sus manos la terrible responsabilidad de velar por la vigencia de la ley, ni siquiera han de doblegarse por consideraciones humanitarias, a menos que estas se encuentren contempladas en la ley que deben aplicar con la venda en los ojos.

El Ecuador, después de múltiples casos en los que la justicia ha sido impartida por consideraciones políticas, ideológicas o, peor aún, de carácter delictivo, ha perdido su fe en la justicia. La Fiscal General, una joven mujer dotada de inteligencia, voluntad, coraje y ética, está trabajando para que el pueblo la recupere. La ciudadanía he aplaudido su conducta.

No debe haber impunidad para la corrupción que ahora está sometida a la justicia, cuyas decisiones, por otro lado, no pueden estar influenciadas por motivaciones políticas o de cualquier otro orden. El momento es de particular sensibilidad. Está en juego el futuro de la sociedad nacional. El delito, una vez demostrado, debe ser castigado. En caso contrario, terminará por convertirse en norma de conducta para todos y cada uno, lo que pondría en vigencia a la ley de la selva.

jayala@elcomercio.org