La semana pasada, acompañé a un importante grupo de empresarios ecuatorianos a la Ciudad de Panamá, donde nos reunimos con el Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, con el Director Ejecutivo de la Cámara de la Construcción, y con el Subsecretario de Pesca, a través de quien, por vía telefónica, nos comunicamos con el Ministro de Comercio de ese país. Las reuniones tuvieron como objeto servir como nexo entre nuestros gobiernos para limar las asperezas existentes a raíz de que Panamá incluyó en la lista de países que discriminan contra este al Ecuador, en virtud de lo cual está restringida la participación de empresarios y empresas ecuatorianas en contrataciones públicas o concesiones administrativas en el territorio nacional y viceversa, tanto para las personas naturales como para las jurídicas.
En mi opinión, las medidas de retorsión impuestas por el Gobierno panameño no van a ir más allá de las ya tomadas (la Ley 58 panameña así lo determina), pero creo que ese país sí está dispuesto a celebrar un convenio para evitar la doble tributación, en el que se contemple una cláusula mediante la cual ambos países en determinados casos, acepten cruzar información fiscal entre ellos. Pretender que funcionarios del Gobierno de Panamá entreguen al Director del SRI información, por ejemplo, de los dineros o de las inversiones que en Panamá tengan ciertos políticos o empresarios ecuatorianos, amigos o no del Gobierno, es sencillamente perder el tiempo. Ese país, al que se considera la Suiza de América, se sustenta principalmente de los servicios financieros que este presta, destacándose en ellos la reserva de la información que fundamenta el negocio bancario.
Aunque la Ley 58 de Panamá no permite que, por ejemplo, se sancione al Ecuador con un incremento de las tarifas del canal para los barcos cuyo destino sea nuestro país (lo cual está previsto que suceda en el corto plazo por razones meramente comerciales para todas las naves de cualquier bandera que hagan uso de ese canal), si la situación entre nuestros países se agrava por una declaración impertinente o por una medida drástica de nuestros gobernantes), lo que sí pudiera ocurrir en la práctica, es que en el cruce del canal se de preferencia a barcos que no lleguen a Ecuador.
Considero que más le conviene al Ecuador que a Panamá que se eliminen las restricciones tributarias y económicas vigentes, puesto que hay muchos ecuatorianos que comercian con Panamá, muy especialmente en la zona de Colón, y otros, aunque pocos tienen importantes contratos con el Estado panameño. Mientras que, en el Ecuador, deben haber poquísimos panameños que estén negociando con empresarios locales y peor aún, con el Estado Ecuatoriano.
Ojalá que los gobernantes de ambos países lleguen a un acuerdo pronto.