El antagonismo entre el presidente ecuatoriano Rafael Correa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la extensión del conflicto con la prensa. Se inició el mismo día en que los representantes del Gobierno pasaron un bochorno en la audiencia de la CIDH hace 8 meses. Los periodistas que habían solicitado la audiencia, presentaron una prueba irrefutable de la hostilidad del Gobierno contra la prensa: un video del presidente Correa acusando a los periodistas de calumniadores, mediocres, corruptos y una larga lista de insultos, mofas y amenazas. Las intervenciones de los delegados oficiales, que asistieron a la audiencia, solo confirmaron la hostilidad expuesta en el video.
La solicitud de medidas cautelares en favor de los perseguidos enardeció los ánimos del Gobierno que arremetió, como león herido, en contra de la CIDH y la OEA. Con el respaldo de otros gobiernos censurados por irrespeto de los derechos humanos, Ecuador planteó, en Cartagena, varias reformas que podían herir de muerte a la CIDH: reducción del presupuesto, eliminación de informes independientes y limitación de sus facultades. Pero el asalto definitivo debía cumplirse en Bolivia. El presidente Correa anunció que pondría en su puesto a los burócratas internacionales que se creen por encima de los Estados. Evo Morales se anticipó con la frase insignia: “La OEA puede morir al servicio del imperio o renacer al servicio de los pueblos”, la misma idea de Chávez: “si los países miembros exigen cambios y la OEA no lo hace, hay que acabar con ella”; y el mensaje ecuatoriano: “La OEA se reinventa o desaparecerá”.El presidente Correa dijo que la CIDH, dominada por países hegemónicos, es portavoz de los negocios de la comunicación; que sataniza al Estado y la política, viola descaradamente su propio estatuto y defiende la libertad de extorsión de los medios privados. El discurso dejó en evidencia que la batalla más importante es contra la prensa. En su visión, los medios privados están como la espina en la carne porque hay “una contradicción ética y técnica de negocios privados con fines de lucro proveyendo un derecho indispensable, la información”. No hay escapatoria, si la información no debe estar en manos de empresas privadas, entonces, lo que se proclama es que la información debe ser monopolio del Estado.
Países como Brasil y Perú, resentidos por las observaciones podían apoyar una reducción de facultades de la CIDH, pero no apoyarán nunca la propuesta de convertir la información en monopolio del Estado. La presentación del Mandatario ecuatoriano hizo abortar las reformas a la OEA. En Bolivia no pasó nada y tampoco se cumplirá la amenaza ecuatoriana de retirarse del Sistema Interamericano; por ahora la OEA ni se reinventa ni desaparece.