Nuevamente, como ocurre por esta época, trabajadores y empleadores buscan definir el valor del salario básico unificado que regirá el 2019, lo que salvo alguna excepción termina en desacuerdo que debe ser dirimido por el Ministerio del ramo. Parecería que no se termina de entender el significado real de este mecanismo.
Antes que nada hay que desvirtuar que se trata de un alza salarial. Con las reformas legales introducidas hace varios años lo único que corresponde es determinar el valor del nuevo salario, no como antaño ocurría que a más de esa fijación se disponía un alza general que abarcaba a todos los empleados privados.
En consecuencia, el salario establecido en la forma descrita llega solo a los trabajadores que han sido contratados bajo la premisa de recibir ese piso salarial. Según cifras del Ministerio este nuevo indicador llegará a aproximadamente al 30% de los trabajadores del sector formal de la economía que son los perceptores de ese rubro. Al resto le corresponderá negociar directamente con sus empleadores cualquier elevación. En estricto, lo que se realiza es establecer una base mínima por debajo de la cual no se puede contratar en el país.
Sin embargo, la expectativa que causa en un segmento de los trabajadores hace recordar las épocas en que la tirantez de las relaciones laborales era asunto de todos los días. Parecería que algunas organizaciones laborales, ante la falta de iniciativas para reclutar mayores adherentes a sus causas o evitar que sus sindicatos se sigan desgranando, esperan estas fechas para ejercitar sus proclamas, poco novedosas, que les da la oportunidad de estar nuevamente en la palestra, aunque sea de forma efímera.
No se entiende el momento ni las circunstancias que rodean a la economía en general. Un país casi paralizado, con un crecimiento pobre y cuyo aparato estatal hace alabares para cerrar cada fin de mes, no puede incorporar otro elemento distorsionante a la economía como es la fijación de un valor que sirve de referencia legal para otros asuntos ajenos al salarial. Tampoco se tiene en cuenta que el índice de inflación del año transcurrido es mínimo, por lo que no se pueda esperar que exista una corrección al alza que supere notablemente el incremento experimentado.
Las partes, con el gobierno incluido, haciendo de facilitador de los acuerdos, deben esforzarse por establecer metas a mediano y largo plazos que tengan como objetivo recuperar el empleo, abrir las posibilidades de nuevos mecanismos de contratación, incorporar a segmentos importantes de la población a la economía formal, velar por mejorar de manera notable la productividad. Si no se lo hace continuaremos en este ritual de desencuentros donde no se camina hacia ningún lado. Repetir retóricas huecas puede ser rentable para momentos en que se avecinan comicios y se hallen intereses oportunistas de por medio. De ahí a considerar que las propuestas lanzadas tengan un mínimo de asidero con la realidad, es otro asunto.