Miguel Macías

Reformas electorales

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Jueves 19 de enero 2012
19 de January de 2012 00:01

Me parece un error que mediante una reforma al Código de la Democracia, se quiera prohibir a los medios de comunicación que estos publiquen reportajes que incidan a favor o en contra de un candidato de elección popular (lo cual es muy general), pues ello impedirá que conozcamos a quienes aspiren a ejercer una función pública. Aparte de considerar aquello como una restricción a la prensa, atenta contra el derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos de ser informados. La libertad de expresión es fundamental en un régimen democrático.

Las cuñas publicitarias que otorga el Consejo Nacional Electoral no son suficientes para que la ciudadanía conozca a los candidatos a un cargo de elección popular, por lo que es necesario que los medios de comunicación los entrevisten y que éstos debatan públicamente sus propuestas para que la ciudadanía tenga suficientes elementos de juicio para decidir a quién darle su voto. En mi opinión, debe existir una amplia cobertura informática sobre todos los candidatos que aspiran a ejercer una función pública. La información que recibimos de los medios, no debe ser parcializada a favor de ningún candidato.

Recordemos que el Estado, a través de los medios de comunicación, debe propiciar el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todos los candidatos; y que la Constitución prohíbe que los sujetos políticos “contraten publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias”, así como la “publicidad gubernamental, en todos los niveles de Gobierno, para la campaña electoral”.

Estoy de acuerdo en que se permita la reelección de las autoridades de elección popular que están en funciones, por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo, pero no estoy de acuerdo en que quienes quieran candidatizarse para ser reelegidos sólo pidan licencia por el tiempo que dure su campaña; ellos al igual que quienes aspiren a ejercer otras funciones, deben renunciar a sus cargos para volver a candidatizarse, pues de lo contrario, éstos tendrían una evidente ventaja sobre los otros candidatos, quienes no podrán hacer uso de la poderosa “maquinaria electoral” del Estado, de la que pueden gozar quienes han ejercido un cargo de elección popular.

No estoy de acuerdo en que existan dos sistemas de asignación de escaños. Si el método D’Hondt favorece a los partidos mayoritarios como se ha denunciado, considero que es preferible que rija el método Webster.

Si el artículo 117 de la Constitución “prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de elecciones”, la cual debemos entender que comienza con su respectiva convocatoria (octubre del año 2011), ¡cómo se puede reformar la ley electoral en el año 2012! Eso es inconstitucional.