Lolo Echeverría Echeverría

Reformar sin cambiar

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Sábado 26 de mayo 2018

Durante la década de la revolución ciudadana no había cabida para la tolerancia, el pluralismo, el debate, la crítica. La polarización, el sectarismo, el fanatismo imperaban en la cúpula del gobierno y desde arriba se imponían las verdades, de modo paternal y autoritario, a toda la sociedad. Los revolucionarios dirigían el país como los antiguos profesores dirigían las escuelas, asumiendo que el maestro es el único que sabe. El alumno ignoraba la realidad del mundo y, para aprender, debía repetir al pie de la letra lo que enseñaba el profesor. Y como “la letra con sangre entra”, las sanciones eran necesarias.

Así se concibió la Ley de Comunicación. Ella enseñaba que la información es un servicio público y por tanto era responsabilidad del Estado velar para que reúna las condiciones ideales. La información debía ser veraz, verificada, plural, contextualizada; sin omitir nada que fuese de interés público, dejando de lado la opinión de los dueños de los medios y eliminando el afán de lucro. Para que los periodistas y los medios aprendieran a informar y cumplieran esas condiciones, creó organismos de vigilancia y sanción. El resultado de esta revolución didáctica fue el infantilismo en los medios y en los periodistas sumisos.

La práctica es ahora diferente. En el liderazgo político se predica el diálogo, la tolerancia, la utilidad de la crítica. Ya no se sanciona a los medios ni se humilla a los periodistas, se ha licuado el tribunal de vigilancia y el gran inquisidor ha sido censurado y destituido. El miedo se ha disipado. Ha cambiado todo, pero… todo sigue igual.

El proyecto de Reformas a la Ley de Comunicación mantiene el espíritu de vigilancia y amenaza como mecanismo para asegurar que la información siga teniendo las características definidas por la revolución ciudadana. Se elimina la Superintendencia de Comunicación pero sus facultades son transferidas al Defensor del Pueblo.

El artículo 18 de la Constitución sigue estableciendo las condiciones que el Estado impone para que la información sea válida. La revolución ciudadana estableció la información como servicio público primero en la ley y después en la Constitución, ahora se elimina de la ley pero se mantiene en la Constitución.

En la ley se prohibía que los extranjeros sean propietarios de medios nacionales de comunicación pero se autorizaba en el reglamento; ahora es la ley la que permitiría que los extranjeros manejen medios nacionales.

El proyecto elimina la figura del linchamiento mediático, las disculpas de los medios, el Consejo Consultivo y la defensoría de audiencias, pero permite que el Defensor del Pueblo lleve a los jueces las quejas ciudadanas y los jueces necesitarán tipificar las infracciones para establecer sanciones. Se pretende reformar sin cambiar. No, no lograríamos recuperar la libertad de expresión con la aprobación de las reformas planteadas.