Cuando los ecuatorianos se encuentran en un callejón sin salida apelan a una Asamblea Constituyente o a una Comisión de Notables. En ambos casos se trata de reformar las leyes para destrabar el embrollo y oxigenar la democracia. Estamos ahora en una situación de esas características, de hecho el Consejo de Participación Ciudadana transitorio tenía el calibre de una Comisión de Notables que inició una tarea que quedó inconclusa.
La Comisión de Notables es un camino interesante porque consiste en ubicar a personas de conducta intachable, doctos y patriotas que no busquen beneficios personales y garanticen el apoyo ciudadano para sugerir soluciones. El Comité por la Institucionalización Democrática tiene estas características y ha propuesto tres reformas fundamentales a la Constitución: eliminación del Consejo de Participación, retorno a la bicameralidad en la Asamblea y dotar a la Fiscalía de autonomía administrativa, económica y financiera.
La Corte Constitucional ha dado ya la aprobación para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana mediante reforma parcial de la Constitución. La propuesta del Comité por la Institucionalización Democrática complementa esa reforma para tratar de resolver otros dos problemas de nuestra política: la crisis de los partidos y la corrupción.
El desprestigio de la Función Legislativa es la prolongación de la crisis de los partidos que venimos arrastrando desde hace tiempo. En Montecristi se creyó que el desprestigio del Congreso se corregiría con el Cambio de nombre por el de Asamblea más algunas reformas superficiales. Solo cambiaron momentáneamente su imagen. El Comité por la Institucionalización Democrática cuestiona el sistema unicameral que ha provocado parálisis cuando había discrepancias entre mayoría Legislativa y Ejecutivo, o sumisión cuando la mayoría era afín al Ejecutivo, desapareció la fiscalización y las leyes son mayoritariamente de iniciativa presidencial.
El retorno al sistema bicameral creen que favorecería la formación de líderes nacionales, corregiría la precipitación del sistema unicameral en la formación de leyes, mejoraría el control interno y se garantizaría la separación de poderes que se rompe a favor o en contra del Presidente.
El debate sobre la bicameralidad no debe olvidar que cualquiera sea la estructura institucional, el éxito depende de la calidad de los políticos y por tanto cualquier reforma debe empezar por la recuperación de los partidos. El Consejo Nacional Electoral plantea reformas al Código de la Democracia que pueden dar el impulso para una revisión de la crisis en el sistema electoral.
Tampoco se puede soslayar el problema de la corrupción si se quiere rescatar el prestigio de los políticos. La propuesta de darle independencia a la Fiscalía General del Estado apunta al debate de fondo sobre la corrupción y la impunidad que han debilitado a los partidos y al sistema democrático.